Mario cruzó por primera vez la frontera entre México y Estados Unidos (EU) en busca de trabajo hace más de 35 años, iniciando un viaje que finalmente lo llevó a las granjas de la verde costa central llena de vegetación de California.
“Todo es perfecto aquí”, dice Mario. “En la agricultura, hay mucho trabajo. Si quieres trabajar de domingo a domingo, puedes hacerlo”.
Pero afirma que se ha trabajado mucho menos aquí desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) allanaron granjas cerca de la ciudad costera de Oxnard, en pleno apogeo de la temporada de recolección de fresas en junio. Al menos 35 personas fueron detenidas, y desde entonces se produjo otra redada en una granja legal de cannabis cercana, en la que murió una persona. “Todo se paralizó” desde las redadas.
Normalmente, Mario –quien se negó a dar su nombre real por temor a ser blanco de las autoridades de inmigración– y sus compañeros de trabajo estarían plantando semillas para las cosechas de fresas, brócoli y apio de la próxima temporada. Sin embargo, muchos campos están vacíos. “No creo que alguien esté trabajando”, dice, dado el temor de la comunidad agrícola migrante a ser detenida. “No se siembra. Todo subirá de precio”.
Si los campos de la zona agrícola de Oxnard sirven de referencia, el programa de deportación masiva del presidente estadunidense Donald Trump empieza a afectar negativamente al sector agrícola de California, valorado en 49 mil millones de dólares (mdd), que produce aproximadamente tres cuartas partes de las frutas y frutos secos de EU y aproximadamente un tercio de sus hortalizas.
Casi 65 por ciento de los trabajadores agrícolas del estado son inmigrantes, y más de una cuarta parte de ellos, como Mario, son indocumentados. Sin ellos, su industria agrícola tendría una contracción de 14 por ciento, según las estimaciones recientes del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía, una asociación empresarial con sede en San Francisco.
“No entiendo por qué el gobierno no tiene humanidad con nosotros, ya que llevamos comida a la mesa de la gente”, declara Mario al Financial Times. “Nosotros no robamos, trabajamos”.

Los inmigrantes no solo son la columna vertebral de la industria agrícola de California, sino también de los sectores de la construcción, la hostelería y la atención de salud domiciliaria. Representan más de 27 por ciento de la población en lo que ahora es la cuarta economía más grande del mundo.
Desde que comenzaron las medidas represivas, muchos de estos trabajadores tienen demasiado miedo de acudir a sus empleos, incluso aquellos que se encuentran legalmente en el país. Otros fueron deportados o salieron de EU por voluntad propia a medida que se intensifica la presión de la policía de inmigración.
Los arrestos de ICE en el sur de California se dispararon de 699 en mayo a casi 2 mil en junio, según datos recopilados por el Los Angeles Times. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del cual forma parte ICE, no respondió a las solicitudes de comentarios.
“Hay una gran maldad en lo que está sucediendo”, dice Rick Caruso, un multimillonario inmobiliario, que compitió en una campaña fallida para la alcaldía de Los Ángeles en 2022.
“El simple hecho de hacer redadas contra la gente tiene un impacto increíblemente negativo en la economía. Los negocios están cerrados ahora, ya sean autolavados o restaurantes. En los negocios que siguen abiertos, la gente tiene miedo de ir a trabajar, tengan o no documentos, porque si son de origen latino se sienten perseguidos de todos modos”.
el dato49 mil mdd es el valor
Aproximado de la industria agrícola de California.
La mano dura de Trump
Con su gran proporción de población inmigrante, su condición de “estado santuario” —que implica no cooperar con las autoridades federales de inmigración— y un liderazgo político de corte liberal, California se ha convertido en un escenario clave para la campaña nacional de deportaciones impulsada por Trump.
Su decisión de desafiar a los líderes locales, enviando tropas de la Guardia Nacional y a Marines estadunidenses a Los Ángeles para respaldar las redadas de ICE, atrajo la atención internacional y lanzó una advertencia a otras ciudades del país sobre el posible costo de resistirse.
California, que ya lidia con graves presiones por el costo de la vida, la devastación provocada por los incendios forestales en Los Ángeles, la crisis en Hollywood y la reubicación de las sedes de compañías de alto perfil como Tesla, podría ser el estado que más tenga que perder con las medidas de mano dura.
“Ya sea que estén detenidos, deportados o simplemente se queden en casa sin ir a trabajar, es importante” para la economía de California, dice Jerry Nickelsburg, quien dirigió el pronóstico económico de Anderson en la UCLA. “Esto tiene un importante impacto negativo”.
De acuerdo con el informe del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía, California podría enfrentar pérdidas anuales de 275 mil mdd en salarios y actividad económica debido a las medidas represivas del ICE, y no es la única política de Trump que podría perjudicar al estado.

Algunos californianos sienten que Trump busca deliberadamente debilitar a su estado, cuyo gobernador, Gavin Newsom, es un probable candidato a la nominación presidencial demócrata en 2028. Luego de la elección de Trump en noviembre, Newsom emitió una proclamación para salvaguardar los “valores de California”, incluyendo protecciones para las familias migrantes.
Trump tiene en la mira esos valores liberales, dice Mary Leslie, directora del Los Angeles Business Council (Consejo Empresarial de Los Ángeles). “Tuvimos los valores (progresistas) y una economía fuerte” en su primer mandato, dice. “Creo que la teoría para este mandato es: ‘destruyan la economía y entonces sus valores se derrumbaran”.
Caruso añade que a Trump “simplemente no le importan Los Ángeles ni California, y está enojado con esta región y con sus líderes”.
Para el momento en que se extinguieron las últimas llamas de los incendios forestales en Los Ángeles a finales de enero, aproximadamente 22 mil 258 hectáreas habían quedado calcinadas y más de 16 mil viviendas, negocios y otras estructuras habían sido destruidas.
el dato115 mil mdd contribuyen al año
Los trabajadores inmigrantes a Los Ángeles en impuestos y gastos.
“Hablamos de lugares que quedaron contaminados con todo tipo de productos químicos y productos peligrosos”, dice Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la National Day Laborer Organizing Network (Red Nacional de Jornaleros). “Hay residuos de los que realmente no sabemos nada porque no se han realizado estudios exhaustivos al respecto. Pero (los jornaleros) van y retiran toda la ceniza y los daños causados por el humo dentro de esas viviendas. Y son miles de viviendas”.
Ahora, esos trabajadores inmigrantes evitan estas zonas dañadas por temor a los agentes de ICE. “Puedo asegurarles que se está desacelerando”, dice Alvarado. “La reconstrucción de las zonas quemadas se ve afectada en este momento”.
Una vez que se retiren los escombros y se expidan los permisos de construcción, podría surgir otro obstáculo: la falta de trabajadores para reconstruir, debido a la represión migratoria, según economistas y líderes empresariales. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, dice que más de 40 por ciento de la fuerza laboral de la construcción está compuesta por inmigrantes. “Esta es una ciudad que depende de los inmigrantes”, dijo en julio. “Este es un duro golpe económico para nuestra ciudad”.
Leslie, del LA Business Council, señala que los trabajadores extranjeros también aportan 115 mil mdd al año a la ciudad a través de impuestos y gastos. El inmigrante indocumentado promedio paga alrededor de 7 mil dólares en impuestos estatales, locales y federales, añade.

“Definitivamente podemos esperar un impacto”, dice. “No creo que nadie esté confundido sobre el régimen de terror que tenemos (por parte de la administración Trump). La pregunta es qué podemos hacer al respecto”.
Construcción en jaque
La cantidad de construcción necesaria en los distritos de Palisades, Malibú y Altadena, devastados por los incendios, es inmensa, dice Caruso, que formó un grupo de líderes empresariales y cívicos llamado Steadfast LA para acelerar la recuperación. Sin embargo, le preocupa que no haya suficientes trabajadores para completar el trabajo.
“Muchos de los gremios de la construcción son una combinación de trabajadores documentados e indocumentados. Esa es la realidad”, dice Caruso. “Empezaremos a ver el impacto debido a la escasez de mano de obra. No es que tengamos una alta tasa de desempleo, ni una fuente de personas dispuestas a ocupar esos puestos, ni que estén capacitadas o calificados para llenar esos empleos”.
Nickelsburg añade que varios trabajos específicos en la construcción de viviendas y departamentos, como la instalación de placas de yeso, están dominados por trabajadores inmigrantes.
“Si no se cuenta con la dotación completa de grupos de personal, simplemente no se construirán tantas viviendas”, concluye. Y eso significa que habrá menos demanda de electricistas y del resto del personal necesario para construir viviendas. Ese impacto se va a sentir”.
el dato65 por ciento de los trabajadores
Agrícolas del estado de California son inmigrantes.
El resultado es el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas, algo que contribuyó a una situación generalizada de gente sin hogar en todo el estado y obligó a muchos californianos de bajos y medianos ingresos a mudarse a otros estados. Los inmigrantes contribuyeron al crecimiento de la economía, incluso cuando muchos residentes se marcharon.
Desde hace años, los constructores de viviendas denuncian que las estrictas regulaciones impuestas hace 55 años por el entonces gobernador Ronald Reagan provocan que los proyectos queden atrapados en litigios durante años, lo que impide edificar la cantidad de viviendas que California necesita.
A principios de este año, Newsom, uno de los críticos más férreos y efectivos del presidente, desestimó las objeciones de los ambientalistas y revocó partes clave de las llamadas normas CEQA. Se prevé que la construcción repunte en un estado donde más de 185 mil personas viven en la calle o en albergues, pese a los miles de millones de dólares de recursos públicos destinados a contener el problema.
Los aranceles de Trump a la madera canadiense podrían ser otro obstáculo. “Si no tienes personal para construir, no construyes”, dice Nickelsburg. “Y la incertidumbre sobre los costos de los materiales es importante porque la madera viene de Canadá, (el yeso) de México, los accesorios eléctricos de China, etcétera”.
“Los aranceles son un problema, las tasas de interés son un problema, la inmigración es un problema”, dice el economista.
Temor en el campo
En junio, Trump sugirió que podría hacer excepciones para los trabajadores agrícolas y del sector de la hospitalidad, afirmando en redes sociales que los inmigrantes en esas industrias son “muy buenos trabajadores con muchos años de experiencia” y que “se avecinan cambios” en las políticas de deportación para esos sectores.
Posteriormente, declaró a Fox News: “Soy el defensor más firme de la inmigración que ha existido, pero también soy el defensor más firme de los agricultores que ha existido. Y eso incluye también a los hoteles”.

Pero esos comentarios al parecer no se tradujeron en políticas, y ni los empleadores ni los trabajadores del sector hotelero bajan la guardia, según Dana Kravetz, abogada de Michelman and Robinson, que representa a varios hoteles en Los Ángeles.
“No creo que ningún empleador confíe particularmente en la palabra (de Trump) en cuanto a dónde podría llevarse a cabo una redada de ICE”, dice. “En hoteles y restaurantes, no creo que nadie sienta que lo que dijo Trump les haya dado protección, ni les haya dado tranquilidad”.
Kravetz dice que a los restauranteros de la ciudad les preocupa perder a sus empleados inmigrantes, de los cuales, algunos llevan décadas al frente de las cocinas. Añade que el ambiente general perjudicó el turismo. “Afecta a la gente que quiere salir a pasear, como pequeños cafés y vendedores ambulantes”, afirmó. “Tiene un efecto desalentador en la comunidad”.
Sin duda, la situación desalentadora afecta a la comunidad agrícola de Oxnard. Los vendedores ambulantes de bayas, cerezas y melones frescos afirman que el negocio va mal. Los agricultores migrantes se muestran cautelosos a la hora de ir a los mercados a comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad, por temor a ser arrestados. Para los que aún trabajan en el campo, como Mario, la rutina es “ir del trabajo directamente a casa”.
“Muchos trabajadores se enfrentan a una elección imposible: quedarse en casa y perder los ingresos que necesitan para pagar la renta o ir a trabajar y correr el riesgo de no volver a ver a sus hijos”, dice Lucas Zucker, codirector ejecutivo de Cause, un grupo que trabaja con comunidades de clase trabajadora e inmigrantes en la costa central de California.
El dato2 mil arrestos
Realizó el ICE en el sur de California en junio
“Toda la comunidad viene aquí ahora”, dice Irene, quien lleva 18 años trabajando en granjas cercanas. La fila para la comida se hace más larga a medida que avanza la noche. “La gente llega más tarde; se sienten más seguros por la noche”. Ella también se siente más segura por la noche.
Se habla de dos mujeres, ambas trabajadoras agrícolas, que fueron detenidas por ICE en los últimos días. Sus hijos estaban al cuidado de sus padres. “Hay algunas personas que conozco que se llevaron”, dice Carmen, otra voluntaria. “Tengo miedo”.
Irene, Carmen y otros voluntarios comenzaron a repartir comida a sus colegas durante la pandemia. Siguieron presentándose a trabajar en el campo incluso en el punto álgido de la pandemia de covid-19, mucho después de que se ordenara el cierre de la mayoría de los negocios de California. Pero hay una gran diferencia entre ese momento y ahora, dice Irene.
“Nos llamaban trabajadores esenciales durante la pandemia”, añade. “Ahora nos tratan como si fuéramos delincuentes”.
JLR