Era a mediados de los años noventa, gobernaba el PRI con Ernesto Zedillo, al frente de la Secretaría de Gobernación estaba Esteban Moctezuma y como Subsecretario de Migración, Fernando Solís Cámara. La comunicación con las autoridades norteamericanas era fluida y pragmática gracias a la visión y negociación del Secretario de Gobernación y a la operación del Subsecretario de Migración. Se instrumentaban acciones consensuadas con agencias norteamericanas, que beneficiaban a los migrantes mexicanos al brindarles protección ante los grupos delincuenciales, como fue la creación de los grupos Betas, que aun hoy siguen en operación.
Como Director de Migración fui responsable de la coordinación con las autoridades del estado de Sonora, a fin de hacer cumplir los acuerdos generados en las reuniones binacionales entre México y EU, que se realizaban con la presencia de las autoridades del más alto nivel de ambos países, y de cuyas decisiones que se tomaban en dichas reuniones, la responsabilidad en nuestro ámbito era que se ejecutaran. En este caso en la franja fronteriza que comprende el Estado de Sonora y los estados norteamericanos de Nuevo México y Arizona.
Fui testigo de una realidad que a lo largo de la historia se ha desconocido de manera oficial: la presencia constante de agentes de la DEA y la CIA en nuestro país. Mi relación con el Cónsul en la ciudad de Hermosillo, William Francisco III, se conducía bajo canales de respeto y entendimiento, creándose una relación amistosa entre ambos.
En una ocasión, en una visita al Consulado de Hermosillo, el Cónsul que había sido integrante de los boinas verdes me mostró en un cuarto adjunto un mapa de México que abarcaba gran parte de la pared, sobresaliendo los estados de Sonora y Chihuahua, entidades que estaban bajo su jurisdicción, en lo relativo a la ubicación de los agentes de la DEA y la CIA en territorio mexicano.
Con la llegada de la 4T, un régimen de izquierda que enarbola un discurso nacionalista y antiintervencionista, la narrativa cambió, enfatizando una abierta defensa a la soberanía y el rechazo a cualquier estrategia bilateral de seguridad fronteriza como la dada a conocer esta semana por el Director de la DEA y que fue desconocida por la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, en esta ocasión con esta estrategia que incluye la vigilancia fronteriza, se frenaría un problema que México ha denunciado durante décadas sin respuesta de EU: el tráfico ilegal de armas con que se nutren y operan los carteles mexicanos, con armamento muy similar al empleado por las fuerzas armadas.
Lo que en sexenios anteriores se vivía como una realidad tácita, en la presencia de agentes extranjeros, hoy se debate entre entre dos temas, uno el reconocimiento de un apoyo que podría disminuir las condiciones de violencia en nuestro país o verlo como una injerencia violatoria a nuestra soberanía.
Posiblemente el reto de implementar una política de cooperación entre ambos países en la zona fronteriza, en estos momentos de presión hacia México, se traduzca en una oportunidad para impulsar los temas prioritarios en la agenda binacional.
El dilema para el gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum sigue siendo el mismo ¿Cómo equilibrar la defensa de la soberanía ante la necesidad y conveniencia de acuerdos entre ambos países que aporten seguridad y reduzcan la presencia cada vez mayor del crimen organizado?, y es que este se da el lujo de retar al gobierno federal, porque los gobiernos estatales y municipales se observan dominados por los grupos criminales.
