El Congreso de la Unión en el año 2017 reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para dejar en libertad a los medios de radio y televisión su forma de difundir y comentar las noticias; así como la elaboración de sus códigos de ética.
El Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, promovió un amparo en contra de la reforma porque la considera violatoria del derecho de las audiencias de recibir información fidedigna; lo que implica diferenciar la noticia de la opinión del comunicador.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma y ordenó a los medios de radio y televisión que deberán diferenciar con claridad las noticias de las opiniones que al respecto tengan los comunicadores.
La resolución también regresa al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de autorizar los códigos de ética de radio y la televisión para evitar que los medios sean juez y parte.
La Resolución de la Primera Sala ha provocado la justificada reacción de los medios porque en su opinión es un ataque directo a la libertad de expresión.
Pero, hasta ahora, se ha pasado por alto que la resolución de la Primera Sala, ordena al Congreso que derogue la reforma del año 2017; esto, en mi opinión, es un despropósito porque implica una invasión del Poder Judicial en la competencia del Poder Legislativo que tiene la facultad exclusiva de hacer o derogar las leyes.
La resolución debería constreñirse a declarar la inconstitucionalidad de la reforma para que no se aplique; pero creo que no está en las facultades de la Corte ordenar que se haga o se derogue una ley o una norma jurídica.
El Pleno de la Suprema Corte tiene la última palabra.
