La constante zozobra en que vivimos por la criminalidad y la incertidumbre jurídica y económica, nos han hecho indiferentes ante el deterioro de la gobernabilidad y la civilidad urbana.
El fin último del derecho es la organización de las colectividades en Estados; y los fines primordiales del Estado son la seguridad física y jurídica que hagan posible la vida en comunidades pacíficas y ordenadas.
Para alcanzar esos fines es necesaria la existencia real del Estado de Derecho, esto es, una república en que las autoridades cumplan y hagan cumplir las normas; y los ciudadanos, por lo general, ajusten su conducta espontáneamente a las prescripciones legales.
Así, pues, corresponde a las autoridades la gobernabilidad y a los ciudadanos la civilidad urbana.
La ausencia de esas dos condiciones es la culpable que en México el número de accidentes provocados por toda clase de vehículos sea un problema grave de salud pública.
Según datos del INEGI en 2023 se reportaron 40,275 muertes en accidentes de tránsito; que equivalen a una muerte cada 30 minutos.
Esto revela el debilitamiento del principio de autoridad y la inexistencia de educación y responsabilidad cívica.
Torreón no es la excepción, las calles son tierra de nadie por la falta de autoridad y la arbitrariedad de los conductores de automóviles, motocicletas y bicicletas.
El peligro de chocar o ser atropellado es real y permanente.
Para los peatones los riesgos se han agudizado porque en las banquetas circulan motocicletas y bicicletas.
En nuestra ciudad urge una política pública de movilidad segura. El gobierno municipal debe hacer respetar las leyes y reglamentos relacionados con la movilidad y el uso de los espacios públicos; y los ciudadanos debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de los demás.
