Recientemente la presidenta Sheinbaum anunció la posibilidad de iniciar una reforma al Instituto Nacional Electoral, institución que tuvo sus orígenes en 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral, para transparentar las elecciones federales ante la crisis de legitimidad tras los resultados en la presidencial de 1988, señalada de fraude donde obtuvo el triunfo Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas.
La propuesta de Sheinbaum se remonta a la presentada en 2022 por el ex presidente López Obrador, donde se pretendía reducir el presupuesto del INE, eliminar las diputaciones plurinominales, y que fuera este órgano el responsable de llevar a cabo elecciones federales y estatales, además que los propios consejeros fueran electos por voto popular.
Una reforma al INE no es factible realizarla por sí sola, ya que su funcionamiento está vinculado al sistema nacional electoral. Nuevamente como en la reciente Reforma Judicial, en la elección de juzgadores por voto popular que resultó en severos cuestionamientos por la utilización de los acordeones, ahora en esta elección de consejeros, una vez más los elegidos serán aquellos que cuenten el apoyo de los partidos políticos que los promuevan, ya que requieren de recursos para promocionar su imagen durante el tiempo que duren las campañas.
Se corre el riesgo, como en la elección de Ministros, Magistrados y Jueces, de que el nuevo INE se convierta en un organismo subordinado al poder Ejecutivo, además, los consejeros serían elegidos con el apoyo popular, sin que necesariamente tengan la experiencia requerida en temas electorales.
El argumento toral en esta reforma es la pretensión de eliminar el sistema de cuotas partidistas en la elección de consejeros que tradicionalmente se llevan a cabo a través de negociaciones entre las distintas fracciones legislativas, es decir, el reparto por partido político, sin embargo, este método ventajoso permite que aquellos partidos con mayoría de recursos y sólidas estructuras a nivel nacional, tendrían ventaja para promover a sus candidatos, que incluso podrían ser independientes surgidos de la sociedad civil.
En referencia a la eliminación de las diputaciones plurinominales, esta medida sería regresiva al eliminar la representatividad en el Congreso, permitiendo que un solo partido pueda controlar el Congreso. El costo que representan las plurinominales es menor al beneficio que se obtiene al contar con expertos en derecho, economía, salud medio ambiente, derechos humanos, etcétera, que vienen a elevar el nivel de debate en las distintas comisiones legislativas donde se analizan las iniciativas.
Si los Diputados y Senadores no entran en un análisis serio de costo beneficio sobre la reforma al INE, se corre el riesgo de repetir lo sucedido en la reforma judicial, que aún en este momento se presenta errores descomunales de los responsables del proceso evaluativo de los candidatos, errores que han manchado esta reforma, que ha merecido cuestionamientos por organismos internacionales como las Naciones Unidas, y calificadoras financieras como la agencia Moody”s y Fitch, que ha advertido el impacto negativo en la inversión extranjera al no contar con un marco legal regulatorio e imparcial.
Finalmente, una recomendación a los legisladores que tendrán la responsabilidad de aprobar la reforma al INE: Es imperativo que promuevan un amplió diálogo nacional, que permita obtener opiniones de expertos, colegios de abogados, universidades, cortes internacionales. Abordar el tema de las candidaturas plurinominales bajo la visión de enaltecer el Poder Legislativo, dotándolo de legisladores preparados que eleven el nivel del debate y desterrar la práctica de pago de favores y de imponer como candidatos a familiares, amigos.
