La Comisión Independiente para la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur presentó un informe preliminar el 27 de marzo de este año.
En él se incluye que desde los años cincuenta, se constataron “fraudes, falsificaciones, presiones y negligencias en los procedimientos” que dieron como resultado la adopción en el extranjero de al menos 170 mil niños.
Kim Do-hyun, director de un refugio para personas adoptadas en el exterior llamado Root House, declaró para distintos medios que durante las décadas de los setenta y ochenta, el gobierno surcoreano fabricó huérfanos para satisfacer la demanda internacional de adopciones.
Fruto de esta práctica institucionalizada en Corea del Sur desde la posguerra, en el pasado reciente (2018-2022) cuatro agencias internacionales de adopción obtuvieron ganancias, por concepto de comisiones pagadas por los padres adoptivos, equivalentes a más de 16 millones de dólares por 1,180 menores.
En un primer esfuerzo por asumir responsabilidades, el gobierno aprobó el año pasado una ley para garantizar que las adopciones internacionales sean gestionadas por el gobierno y no por agencias privadas.
Sin embargo, el informe sostiene que hay una “falla sistémica en la supervisión y la gestión” por parte del Estado.
La Convención de La Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional establece el principio de subsidiariedad, según el cual la adopción internacional sólo debe ser considerada como última opción.
Sin embargo, este tipo de adopciones en contextos de conflicto suelen desatender los derechos de los niños y el contexto cultural de sus comunidades.
Las prácticas de las guerras del siglo pasado han aprendido a revestirse con nuevos ropajes.
Lo que antes ocurría en medio del fuego cruzado o países en reconstrucción, hoy se repite en contextos democráticos, con tratados humanitarios en vigor y con un discurso amable de cooperación internacional.
El informe presentado por la Comisión es el primer paso para que el gobierno surcoreano, los países receptores de los menores, las agencias privadas involucradas y las familias adoptivas asuman plenamente sus responsabilidades.
IG @davidperezglobal
