Desde 1948, Myanmar ha sido escenario de un conflicto persistente entre el gobierno central y decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico que buscan reconocimiento y autonomía.
La dictadura militar instaurada en 1962 incrementó estas tensiones.
A lo largo de las décadas, se han firmado acuerdos de alto el fuego, pero han sido esfuerzos frágiles.
La estrategia de represión militar no logró pacificar la nación, sino que intensificó la confrontación.
La violencia, como casi siempre, ha recaído principalmente sobre la población civil, generando desplazamientos masivos.
En 2021, el golpe de Estado militar puso fin a la transición democrática, desencadenando una nueva fase de conflicto y la aparición de las Fuerzas de Defensa Popular.
Esta situación de Myanmar plantea una cuestión sobre los conflictos de autodeterminación: ¿hasta qué punto un Estado al negar el reconocimiento y la autonomía de minorías alimenta una espiral de violencia?
Las experiencias de otros conflictos similares muestran que la represión y la exclusión sistemática de minorías generan un círculo vicioso de insurgencia y violencia.
Según informes de Amnistía Internacional, la violencia contra la población civil ha sido una táctica recurrente para debilitar a los grupos insurgentes, lo que ha resultado en el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Defensores del régimen militar justifican la represión argumentando que la unidad del Estado debe prevalecer sobre las demandas regionales, sin embargo la estabilidad impuesta por la fuerza ha sido insostenible a largo plazo.
El conflicto en Myanmar difícilmente se resolverá únicamente con acuerdos militares, necesita elementos mínimos de cambio en el modelo político que garantice derechos reales de autonomía para las minorías étnicas y una transición democrática legítima.
La paz tendrá oportunidad si el Estado reconoce la diversidad cultural como un pilar fundamental en la construcción de un sistema de gobierno equitativo.
IG @davidperezglobal
