Durante el último siglo, los ticuna —la tribu más numerosa de la Amazonía brasileña— han resistido las amenazas de leñadores y mineros ilegales en algunos de los rincones más remotos de la vasta selva tropical. Sin embargo, hoy enfrentan un desafío más intenso que cualquiera de los que han vivido antes.
“El año pasado, había drones sobrevolando esta zona”, dice el mayor Jonatas Soares, comandante regional de la policía militar, hablando en la aldea de Ourique, a cerca de mil 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Manaos. Los narcotraficantes, añade, “se detenían allí, almacenaban su cocaína y luego desplegaban drones para revisar qué sucedía antes de continuar su viaje”.
Los informantes dicen que allí se almacenaban 200 kilos de droga, pero la policía no logró localizar esa provisión.
La Alta Amazonia, una de las zonas de selva tropical más extensas e inaccesibles del mundo, en la actualidad se convirtió en una importante vía para la exportación de cocaína a Europa, su mercado de mayor crecimiento a nivel mundial.
Cada semana, según las autoridades brasileñas, toneladas de cocaína se trasladan desde laboratorios de producción ilícitos en las selvas de los países vecinos de Perú y Colombia, a través del Amazonas, hasta Manaos y la ciudad portuaria de Belém, para su exportación a Europa y África.
En ocasiones, los traficantes pagan a los lugareños para que muevan de contrabando unos cuantos kilos río abajo, o esconden cantidades más grandes bajo el suelo de embarcaciones a motor. Por otro lado, se han detectado embarcaciones semisumergibles, conocidas como “narcosubmarinos”, capaces de transportar varias toneladas de droga en los ríos que alimentan el Amazonas desde Colombia y Perú.
“Imaginen comprar directamente a los productores de coca a 300 dólares el kilo y luego vender un kilo refinado por 60 mil euros (en Europa)”, dice Soares. “Eso le cambia la vida al que prueba su suerte para venderla”.
El negocio mundial de la cocaína atraviesa un auge sin precedentes. En las últimas dos décadas, el consumo en Europa creció a tal ritmo que superó a Estados Unidos (EU) como el mayor mercado. Al mismo tiempo, los cárteles expanden su alcance hacia Medio Oriente y Asia, donde buscan nuevos consumidores. Con las arcas rebosantes de dinero, las organizaciones criminales latinoamericanas se diversifican y dejan de depender únicamente de la droga, adentrándose en un abanico cada vez más amplio de actividades ilícitas.
“Creemos que 2024 fue el año más lucrativo de la historia para el crimen organizado en América Latina”, dice Jeremy McDermott, cofundador de Insight Crime. Esto recibió el impulso principalmente por tres economías delictivas. La primera es la cocaína. En una posición muy cercana, se encuentra el oro...y la tercera es el tráfico y la trata de personas.
La delincuencia y la violencia relacionadas con las drogas solían concentrarse en los países productores de narcóticos de Perú, Colombia y México, mientras que países como Argentina o Chile prácticamente no se vieron afectados.
En la actualidad, esta violencia ya se convirtió en una característica de la vida en prácticamente todos los países de la región, llegando incluso a antiguos paraísos fiscales como Costa Rica y Uruguay, una nación de 3 millones de habitantes a veces aclamada como la “Suiza” de Latinoamérica debido a su relativa paz y prosperidad.
El crimen organizado “se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad institucional de nuestros países”, dice Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y experta en seguridad regional. “Ningún país latinoamericano en la actualidad puede escapar de esto”.
La diversificación del crimen
Algunos de los actores más grandes son tan poderosos que incluso desafían a los estados más grandes, forjando vínculos con grupos del crimen organizado establecidos desde hace mucho tiempo en Europa y Asia y generando miles de millones de dólares en ganancias.
En el centro de los vastos imperios criminales de América Latina se encuentra la cocaína, el negocio ilegal más lucrativo de todos. “La producción, las incautaciones y el consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiendo la cocaína en el mercado de drogas ilícitas de más rápido crecimiento del mundo”, declaró la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su último informe anual. “La producción ilegal se disparó a 3 mil 708 toneladas, casi 34 por ciento más que en 2022”.
En Colombia, el productor más grande del mundo de cocaína, se disparó 53 por ciento entre 2022 y 2023. El senador y aspirante a la presidencia, Miguel Uribe, recibió un disparo en junio durante un mitin en Bogotá y posteriormente falleció a causa de sus heridas, lo que aumenta el temor de que la nación andina pueda recaer en la violencia política impulsada por los narcóticos que la azotó en las décadas de 1980 y 1990.
Pero la cocaína solo es una parte del problema. Los expertos dicen que los grupos del crimen organizado de América Latina ahora manejan una cartera de negocios diversificada lo suficientemente robusta como para absorber una recesión cíclica en un área, como un conglomerado legal.
“Los delincuentes empiezan a acumular ingresos a escala del PIB de un país, sin ninguna de las cargas de un Estado”, dice Ricardo Zúniga, exalto funcionario del Departamento de Estado de EU y de la Casa Blanca para América Latina. “Operan a través de las fronteras en países con sistemas legales que se construyeron en una época pasada”.
Esta combinación de negocios ilícitos representa lo que Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, describe como el nuevo modelo de las mafias latinoamericanas.
“Ya no son organizaciones de narcotráfico”, afirma. “Transportan cualquier cosa que transite por su zona de control. Así que si necesitas oro, ellos pueden moverlo por ti. Si necesitas cocaína, está bien. Si quieres transportar migrantes, bien; si necesitas transportar armas, bien. Se abren nuevos mercados”.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que los costos directos de la delincuencia y la violencia en América Latina ascendieron a 3.4 por ciento del PIB en 2022, lo que equivale a casi 80 por ciento del presupuesto total de educación pública de la región. Pero ¿es demasiado tarde para cambiar la situación en un momento en que EU, durante mucho tiempo líder mundial en la lucha contra el narcotráfico, se inclina cada vez más hacia la acción militar unilateral para enfrentar a los cárteles, en lugar de la acción conjunta con los países de la región?
Trump designó a ocho cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras y firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a usar la fuerza militar contra ellos, según informó The New York Times este mes. El periódico afirma que la orden establece una base oficial para operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.
Drones espía sobrevuelan México para recopilar información sobre narcotráfico, y se desplegaron fuerzas aéreas y navales estadunidenses en el sur del Caribe para intensificar la lucha contra los narcotraficantes, según informes de prensa. El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de 50 millones de dólares (mdd) por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
EL DATO29 mil 449 muertes fueron vinculadas
A la cocaína en Estados Unidos en 2023.
Sin embargo, hasta el momento Donald Trump centra su atención principalmente en la amenaza del tráfico mexicano del fentanilo, el opioide sintético, ya que su consumo ya provocó la muerte de muchísimos estadunidenses, alrededor de 300 mil en los últimos cinco años.
La posibilidad de ataques militares unilaterales de EU contra bandas de narcotraficantes es causa de alarma para los gobiernos latinoamericanos, que temen violaciones de la soberanía nacional.
“Es realmente difícil ser optimista”, dice McDermott de Insight Crime. “Se ame o se odie a Washington, EU siempre fue el único actor que pensó estratégicamente en el crimen organizado transnacional y luego convenció, persuadió y, en ocasiones, intimidó a las naciones latinoamericanas para que colaboraran. Esos tiempos ya pasaron”.
Crónicas de un vida delictiva
En la tranquila colonia de Villa Española, a las afueras del centro de Montevideo, Uruguay, cada cierto tiempo jóvenes en motocicletas pasan a toda velocidad por la calle. Otros se sientan en sillas frente a las casas, vigilando a la policía. Una o dos veces por semana, dicen los residentes, la calma estalla a causa de los tiroteos.
“Lleva dos años así, día y noche, y nunca se sabe cuándo”, dice una madre de dos hijos que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Se acercan a una casa y disparan al interior o se encuentran en autos en la calle y se desatan. No les importa si hay niños o alguien más cerca”.
A medida que la dinámica del crimen organizado cambió en todo el continente, la costa uruguaya se convirtió en un centro de tránsito para las exportaciones de cocaína a Europa. La presencia de toneladas de polvo blanco, valoradas en millones de dólares, alimenta violentas disputas territoriales entre pequeñas bandas locales en Montevideo y otros lugares, a menudo por territorios de apenas unas cuantas cuadras de ancho.
“En los últimos años, Uruguay pasó de ser un puerto de transporte de drogas a un lugar donde se almacenan”, dice Emiliano Rojido, asesor de seguridad del gobierno de centroizquierda de Uruguay.
Los últimos cinco años, en conjunto, han sido los más violentos en la historia de Uruguay, ya que las autoridades no lograron contener un aumento repentino de asesinatos que comenzó hace siete años. En 2024, hubo 41 por ciento más de homicidios que una década antes.
Aunque las autoridades están divididas sobre cuántos asesinatos son provocados por el crimen organizado, las espeluznantes historias que inundan los medios uruguayos sacuden el sentido de excepcionalidad del país.
En el último año, la violencia dejó escenas estremecedoras: un bebé de un año murió cuando hombres armados dispararon contra su casa; un narcotraficante de 28 años fue asesinado mientras jugaba un partido de futbol; y un tiroteo en plena luz del día sacudió un tramo de la rambla costera de Montevideo, incluso en una de sus zonas más acomodadas.
“No estamos acostumbrados a ver desmembramientos ni atentados en Uruguay, y si bien no son la mayoría de los casos, es algo muy impactante para la gente”, dice Rojido.
En Brasil, la naturaleza de la actividad de las pandillas se transformó en los últimos años. Durante mucho tiempo, sus bandas de narcotraficantes no fueron consideradas actores importantes en el tráfico intercontinental de narcóticos, a diferencia de los notorios cárteles de otras naciones latinoamericanas. Las autoridades solían retratar a su país como víctima de bandas de países vecinos que se aprovechaban de su vasto territorio para contrabandear drogas a otros mercados.
Pero en la última década, dos cárteles locales con amplias conexiones internacionales ya llegaron a rivalizar con los de México en cuanto a peso. El Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgió en las cárceles de Sao Paulo, tiene operativos en 28 países dedicados principalmente al narcotráfico, según una encuesta de la fiscalía estatal, y logró forjar vínculos con mafias albanesas e italianas.
El Comando Vermelho (CV), con sede en Río, le sigue de cerca. Como testimonio de su alcance geográfico, sus iniciales están pintadas con aerosol en edificios de la agreste ciudad selvática de Tabatinga, fronteriza con Colombia.
EL DATO3 mil 708 toneladas fue la producción
Ilegal de cocaína en 2023, casi 34 por ciento más que en 2022.
Inversionistas y directores ejecutivos en Brasil expresan en privado su alarma por el rápido crecimiento del crimen organizado en un país con relativamente poca experiencia en acciones coordinadas a nivel nacional contra el crimen organizado, que suele combatirse a nivel estatal.
“Brasil nunca se ha enfrentado a un cártel a nivel nacional, y ahora se enfrenta a uno que ya tiene profundas raíces en los gobiernos municipales de las principales rutas de la droga”, dice el exfuncionario estadunidense Zúniga. “Y están integrados en la economía brasileña”.
Los narcotraficantes se infiltran cada vez más en negocios legales para lavar el dinero; un miembro del Consejo de Administración de una empresa brasileña relata cómo un conocido se vio obligado a vender un ingenio azucarero en el corazón industrial del país a un agente vinculado al PCC, luego de recibir amenazas.
“Si el Estado brasileño no cambia su postura frente al crecimiento del PCC, podríamos convertirnos en un narcoestado”, dice Lincoln Gakiya, fiscal del estado de Sao Paulo que lidera la lucha contra el cártel.
En mayo, una delegación estadunidense viajó a Brasilia para advertir al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre las consecuencias negativas si EU llega a designar al PCC y al CV como organizaciones terroristas extranjeras, según una persona familiarizada con las conversaciones. Estas incluyen sanciones financieras a personas o empresas que traten con los grupos. “¿Lo entendieron los brasileños? La verdad es que no”, dice la fuente.
El Ministerio de Justicia de Brasil insiste en que combatir el crimen organizado es “uno de sus mayores compromisos”. El departamento dice que con sus acciones de aplicación de la ley en lo que va de año ya se confiscaron cerca de 755 mdd a delincuentes, pero no hizo comentarios sobre una posible designación al PCC y el CV por parte de EU.
Si Brasil no llega a controlar a los cárteles, México muestra cómo podría ser el futuro.
Los jefes del narcotráfico desataron una masacre. Alrededor de 45 mil personas al año son asesinadas o se señalan como desaparecidas. En comparación, toda la Unión Europea, con una población casi tres veces y media mayor, registró menos de 4 mil asesinatos en 2023.
El estado de Colima, que alguna vez fue un tranquilo destino playero en el Pacífico, registró la tasa de homicidios más alta de cualquier estado de México durante ocho de los últimos nueve años y va en camino de encabezar la clasificación una vez más este año. También tiene el mayor número de fosas comunes per cápita del país, muchas de ellas en las colinas verdes de las afueras del estado.
Colima alberga uno de los puertos más grandes de México, Manzanillo, que maneja 40 por ciento del tráfico marítimo de contenedores del país y es un punto de entrada clave para los productos químicos chinos que se utilizan para la fabricación de fentanilo. Esto convirtió a ese estado en un campo de batalla para el cártel de Sinaloa y el CJNG.
“Lo que los cárteles quieren es controlar el puerto”, dice Roberto Macías Cruz, periodista en el estado. Para lograrlo, las bandas criminales envían a sus “guerreros” a combatir, añade.
Esto coincide con un patrón común en la región, según los expertos. “Los puertos se volvieron muy importantes porque no se pueden transportar toneladas de cocaína de Brasil a Europa Occidental en avionetas como se haría a Estados Unidos”, dice Farah, de IBI.
EL DATO53 por ciento fue el incremento
De la producción de cocaína en Colombia entre 2022 y 2023.
Seguridad en disputa
Los ciudadanos de toda Latinoamérica exigen respuestas al problema. Alrededor de 52 por ciento de los habitantes de los seis países más grandes de Latinoamérica señalaron la delincuencia y la violencia como su principal preocupación, según una encuesta de Ipsos que se llevó a cabo en julio, muy por encima de preocupaciones tradicionales como el desempleo o la pobreza.
Chinchilla dice que la frustración está llevando a dos extremos en las políticas de la región: uno que “simplemente prescribe más cárcel para todos” y el otro que “simplemente se adapta a las nuevas formas de gobernanza criminal...porque atacarlas generaría violencia”.
En Colombia, donde el presidente de izquierda Gustavo Petro introdujo una política de “paz total” con los grupos armados, los críticos afirman que el gobierno abandonó, en la práctica, grandes extensiones del país a merced de las mafias del narcotráfico y las guerrillas disidentes.
El presidente Gustavo Petro se ha mostrado a favor de la legalización de la cocaína. En febrero pasado sostuvo que, pese a su alta capacidad adictiva y a estar vinculada con la muerte de 29 mil 449 estadunidenses en 2023, no debería considerarse más dañina que el whisky. Incluso planteó que, de ofrecerse en tiendas, podría venderse como el vino.
En el otro extremo del espectro se encuentra El Salvador. El presidente Nayib Bukele causó alarma entre los activistas de derechos humanos, pero provocó deleite entre sus admiradores en todo el continente americano con una implacable ofensiva de mano dura en contra de la delincuencia de pandillas que llevó a cerca de 1.6 por ciento de la población adulta a la cárcel. El presidente conservador de Ecuador, Daniel Noboa, intenta copiar algunos de los métodos de Bukele, y políticos con su estilo se presentan a las elecciones en toda la región.
En América Latina, las divisiones ideológicas y la hostilidad personal hacen casi imposible la colaboración entre presidentes, aunque bancos regionales de desarrollo como el BID y la CAF promueven iniciativas de seguridad e investigación sobre políticas para combatir el crimen organizado.
“El gran desafío para los Estados es crear marcos institucionales no represivos dentro de las democracias, a diferencia del modelo Bukele, donde simplemente se encarcela a todos y se espera que todos mueran”, dice Farah, de IBI.
“Pero ese es un proceso a más largo plazo del que muchos países querrán emprender. Simplemente no tienen el tiempo, los recursos ni la voluntad política”, puntualiza.
JLR
