Es entendible, pero injustificado, que el gobierno federal por la escasez de recursos eche mano de dinero que legalmente no debe disponer.
Por eso es reprobable que NAFIN haya transfiriendo a la Tesorería de la Federación más de diez mil millones de pesos, que recibió en fideicomiso de parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Para apreciar la gravedad de este hecho, es conveniente conocer la función del fideicomiso.
La Ley lo define como el contrato que celebran el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario.
El fideicomitente es el dueño o titular de los bienes que entrega al fiduciario para que los destine exclusivamente a una determinada finalidad; el fiduciario, siempre una institución autorizada para esa función, está obligado al cumplimiento estricto de la finalidad para la que recibió los bienes; el fideicomisario es la persona instituida por el fideicomitente como el beneficiario de los bienes fideicomitidos.
En el presente caso, el Consejo de la Judicatura, como fideicomitente, entregó el dinero a NAFIN que como fiduciario los recibió para destinarlos, estrictamente, a los pagos extraordinarios establecidos en la Constitución y en la nueva Ley del Poder Judicial a favor de los ministros, magistrados y jueces que decidieron no participar en la elección, o que habiendo participado no resulten electos.
Es evidente que NAFIN obró ilícitamente al disponer del patrimonio del fideicomiso para un fin distinto al establecido en la Constitución y en la Ley.
Por lo que el Consejo de la Judicatura y los fideicomisarios tienen expeditos su derecho y acción para reclamar esa conducta.
Los fideicomisos operan en múltiples negocios porque se confía en que las instituciones financieras cumplirán con la finalidad y no desviarán los recursos.
Si lo hacen se pierde la confianza en ellas y en el gobierno.
