Ante la cancelación de las visas de Estados Unidos a dos mandatarios mexicanos, el régimen de Claudia Sheinbaum ha pretendido minimizar el hecho y tendrá que exigir una explicación a Donald Trump por su acción unilateral y en contra de dos funcionarios públicos mexicanos de nivel.
Si no lo hiciera así, podría ser considerada, cómplice -o “tapadera”, terciaría su mesías tabasqueño- de los dos gobernantes de Morena, que quizá infringieron las leyes del vecino país del norte y sin duda, la administración estadounidense ya debe tenerles armados expedientes de cada uno de los hoy declarados non gratos del territorio fronterizo.
Las cortinas de humo que ha lanzado Sheinbaum -aprendidas del dedillo de AMLO- como acostumbrado distractor en causas graves, se deben de manera primordial a que ésta pretende que el “pueblo sabio” no se entere a fondo por la medida de Trump pese a que la cancelación de un documento que sirve para asegurar viaje y estancia en otro país de cualquier ciudadano del mundo, no es cuestión fácil.
Aunque lo niegue la mandataria, la acción irrestricta y quizá hasta arbitraria de Trump debe servir para prender las alertas amarillas de que algo delicado no funciona en el actual régimen.
Luego de hacerse pública la determinación del vecino país del norte, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, aseveró muy quitada de la pena y engallada que “para gobernar su entidad no necesito la visa de Estados Unidos”.
De su lado, otro de los exhibidos en los diarios internacionales, Américo Villarreal, gobernante que también ha sido cuestionado en infinidad de ocasiones como protector y cómplice de carteles de la droga establecidos en Tamaulipas, enfatizó que está abierto al juicio ciudadano o a cualquier aclaración o indagatoria que se presente en las respectivas instancias.
Para que a Villarreal le cancelaran su visa americana, el PAN informó que entregó una denuncia formal a la representación estadounidense en México.
En el documento, dirigido al embajador Ronald D. Johnson, los albiazules señalaron a Tania Contreras López, ex consejera jurídica del gobernador tamaulipeco y a su cuñado, Juan Carlos Madero Larios, ex director del Centro de Operaciones de Aduanas, por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos conocido como “huachicol”
Según Acción Nacional, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) y contempla delitos como: delincuencia organizada, encubrimiento operaciones con recursos de procedencia ilegal; asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Notas de Trascendencia
Por la insistencia de apoyar a como dé lugar todas las acciones del llamado Niño Verde, aún en contra de los intereses de Morena, empiezan ya a notarse diferencias de estructuras entre ambos partidos de cara a la elección de junio de 2027 en Quintana Roo.
El conflicto se ha desatado en las últimas semanas debido a que la gobernadora ha apoyado con todo al senador del Verde, Eugenio Segura, lo que ha causado conflictos, casi insalvables entre la gente de Rafael Marín y el propio Jorge Emilio González Martínez.
Hace un par de semanas se reunieron en un hotel de Cancún representantes de los más importantes sindicatos y agrupaciones de Quintana Roo. Le hicieron ver al representante de Mara Lezama que, si no baja de la candidatura a Segura, se espera un choque de trenes entre los equipos de la propia mandataria y de Rafael Marín Mollinedo, aspirante a regir los destinos de aquel estado a partir de septiembre del 27.
Marín Mollinedo fue fundador de Morena en Quintana Roo y obtuvo muchos reconocimientos por su impecable labor al haber fundado esa institución sin divisiones o acciones que lastimaran al propio Morena, que ha batallado hasta la fecha en posicionamientos, porque los verdes desconocen que gracias a los guindas ocupan varias de las 11 carteras municipales quintanarroenses.
Tendrá que tejer fino la mandataria si pretende quedar en paz tanto con Rafael Marín como con González Martínez
