Lo más seguro es que el próximo lunes, aunque otros pretenden sea hasta septiembre, se suspendan de manera indefinida las labores de impartición de justicia a nivel nacional por parte de magistrados, jueces y personal del Poder Judicial Federal. Lo anterior en virtud de que es la única forma en que serán escuchados por los legisladores en su lucha por defender la independencia judicial y ante ello, la cerrazón del grupo parlamentario de Morena raya en la sinrazón, ya que en lugar de invitar al diálogo máxime que los famosos foros de nada sirvieron, ya que nunca existió voluntad de escuchar, su coordinador en el Senado amenazó con imputarlos por supuestos delitos contra la administración de la justicia, ya que a juicio de este sujeto, violarán el articulo 17 constitucional, y eso que este dice ser el gobierno “más humanista de la historia”. Por lo anterior la sociedad en general debemos estar atentos y apoyar abiertamente a los miembros y empleados del Poder Judicial. Así mismo en solidaridad los magistrados locales y jueces del estado de Jalisco, deben apoyarlos, uniéndose al paro, ya que ellos siguen en la fila de la guillotina.
Este movimiento debe ser la última opción, después de buscar el diálogo y la negociación que no se ve, ante la soberbia de los de Morena, que seguían afirmando que la reforma va sin cambiar ni una coma. Posterior a ello, ya aceptaron el implementar filtros para que no cualquiera pueda ser electo a esos importantes cargos y, además, que la elección sería escalonada. Todo esto solo porque ya entendieron la imposibilidad técnica y alto costo de realizar la elección en un solo día. Ahora ante este paro nacional ya anuncian que “posiblemente” se realicen cambios en la iniciativa y que además se incorporarán varios artículos transitorios. ¿Y la violación de tratados internacionales?
La amenaza de Monreal solo demuestra el terror que provoca a los del partido en el poder al paro de labores, y más de López. Recordemos que este conflicto nace de la venganza de López contra la MINISTRA Piña y el intento de disponer de los recursos depositados en los fideicomisos del Poder Judicial, ya que el pasado mes de octubre se publicó el decreto de extinción de dichos fideicomisos en perjuicio de los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores y de la propia impartición de justicia. Y cuando ya el presidente se tallaba las manos pensando en cómo despilfarrar ese dinero, en una resolución impecable el MINISTRO Javier Laynez Potisek otorgó la suspensión en una acción de inconstitucionalidad planteada contra dicho atraco. Es tan burdo ese robo que hasta la eterna aliada de López, la ex ministra Olga Sanchez Cordero, condenó dicho decreto reconociendo que la extinción de los fideicomisos sí afecta seriamente a los trabajadores judiciales.
En otro tema, gran error el insistir en ampliar el catálogo de delitos sujetos a la llamada “prisión preventiva oficiosa” y más en los términos que fue aprobada en Comisiones donde se pretende limitar a los jueces a que puedan realizar una interpretación conforme y respetando los Derechos Humanos del imputado, señalando que los jueces deberán atenerse a su literalidad, sin permitirles aplicar, suspender, modificar, o hacer nugatorios sus términos. La reforma al sistema penal mexicano se basa en la presunción de inocencia que debería permitir que cualquier acusado enfrente su proceso penal en libertad, excepto en tratándose de delitos muy graves como terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico y otros más, por lo que la inclusión de otros mas, no eliminarán o disminuirán la comisión de esos delitos.
Esta figura además va en contra de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos de los que nuestro país es parte y que gozan en los términos de la propia constitución en “jerarquía constitucional” al atentar contra: la presunción de inocencia; la independencia judicial ; el debido proceso; el derecho a la integridad personal; la persecución eficaz de los delitos; la igualdad ante la ley; el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad; el derecho a la revisión judicial, y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública entre otras violaciones, así lo manifestó a propósito la Oficina del Alto Comisionados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con esto se demuestra que prefieren desmembrar todo el sistema de protección de los Derechos Humanos en nuestro país en lugar de lograr que las fiscalías hagan bien su trabajo.
Curioso que en 2021 el entonces tapete de MALO, presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, publicaba: “la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional (derechos humanos y Tratados) y privilegiar el principio pro personae” y ahora que es asesor de Sheinbaum hasta la aplaude.
Ahora se pretende implementar la Prisión Preventiva Oficiosa hasta en casos de presunción de evasión fiscal, contrabando y compra venta de facturas apócrifas, y entonces con la simple presunción del delito te van a llevar a la cárcel, sin posibilidad de enfrentar tu proceso en libertad, y después de años, como acostumbran, te liberarán con la clásica frase de “Ay, usted disculpe”.
Que difícil será el futuro, y más cuando nos enfrentaremos a la fuerza del Estado mañoso, que modifica las leyes para conservar su poder: Nuevo delito de Ultrajes a la autoridad; ley de Amparo sin efectos generales; ley de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, guardia nacional al ejército, lo que implica militarización, director de la UIF que publica información privada diciendo que el no es autoridad fiscal, entonces no le aplica el secreto fiscal. Que miedo.
