Se adecuó la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llamada coloquialmente como Ley Antilavado así como el Código Penal Federal, reforma aprobada el pasado miércoles en el Senado de la República y que sin duda alguna será aprobada por los Diputados federales. En esta reforma se incorporan algunos temas que ya en forma indirecta se regulaban sin estar en ley, atendiendo observaciones realizadas a México en 2018 por el Grupo de Inteligencia Financiera GAFI, tales como la inclusión de avisos cuando “Personas Políticamente Expuestas” PEP realicen operaciones consideradas “vulnerables”, sin distinguir claramente quienes deben considerarse bajo ese concepto, incluyendo servidores y ex servidores públicos y sus familiares.
Otro tema regulado fue el relativo a la cobertura de operaciones con las llamadas Criptomonedas, además se amplía más el concepto de “Beneficiario Controlador” tratando de encontrar al verdadero dueño de estructuras financieras sofisticadas, se incluyen también operaciones de Partidos Políticos y Sindicatos.
Sin embargo hay puntos preocupantes ya que se otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda para solicitar información personal, financiera e incluso digital, todo esto sin requerir una orden judicial lo cual es una violación directa a nuestro derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, insisto sin la necesidad de control judicial. Otro punto es el exagerado control que se ejercerá sobre organizaciones civiles que operan asilos, bancos de alimentos, etc. A los que se les imponen cargas administrativas exageradas.
Un error eliminar las referencias al financiamiento al terrorismo, que siempre ha existido en la ley y nuestro país tiene firmado una serie de tratados internacionales al respecto.
Incrementa los gastos administrativos de una serie personas que realizan algunas de las operaciones vulnerables imponiéndoles mayores obligaciones de reportes y capacitación, con el incremento de costos financieros en muchos casos desproporcionada, principalmente para pequeños negocios, profesionistas y ahora los llamados “facilitadores” (mediadores de justicia alternativa) que además de esos costos corren riesgos de que se les impongan multas exageradamente altas, por la simple omisión de algún aviso.
En condiciones normales aplaudiríamos estas medidas siempre y cuando fueran encaminadas a la persecución de los delincuentes, atacando donde más les duele, en el dinero proveniente de sus operaciones ilícitas, pero lamentablemente lo vimos en el sexenio de Lopez, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF se utilizó para perseguir opositores políticos, activistas, periodistas, organizaciones filantrópicas y religiosas e incluso empresarios y ciudadanos comunes, y en pocas ocasiones vimos grandes éxitos contra los grandes cárteles de la droga o políticos corruptos.
En otro tema, en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ayer todo era fiesta ya que la Sala Superior acordó reubicar a un magistrado que había venido a cometer una serie de irregularidades, faltista reiterado, peleando y atacando a los demás magistrados, despidos injustificados, acoso, y afectaciones graves a los justiciables, ya que además no conoce la materia administrativa.
Todos nos habíamos quejado de este sujeto, ya incluso se habían posicionado ante el Órgano de Gobierno del Tribunal muchos litigantes, magistrados de los Colegiados en Materia Administrativa y organizaciones tan serías como el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en el mismo sentido estaban a punto de emitir lo propio ANADE y la BMA.
Retoma la Sala Regional y sus integrantes ese prestigio y respeto que la ha caracterizado a lo largo de muchos años, esperemos que quien lo supla, independientemente de su filiación política venga a impartir verdadera justicia y no ha proteger los intereses de su gavilla política ni los de las autoridades, ya que el que afortunadamente se va, nos dijo que él venía a recaudar impuestos. Lo debieron nombrar Administrador del SAT y no magistrado.
