El agua es el nuevo centro de gravedad de los conflictos federativos en México. La reciente propuesta de construir un acueducto desde la presa Solís, en Guanajuato, para abastecer a León y otros municipios industriales del Bajío, vuelve a encender una disputa histórica con Jalisco por el control, la distribución y la justicia en el uso del recurso hídrico. Aunque oficialmente el proyecto se presenta como parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 —una estrategia que presume garantizar el derecho humano al agua y fomentar su uso responsable—, su implementación amenaza con minar la sostenibilidad de una de las fuentes hídricas más importantes del país, el Lago de Chapala.
El problema no es solo técnico, sino profundamente político y territorial. El agua que alimenta a la presa Solís forma parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago, una cuenca interregional que atraviesa seis estados y cuyo equilibrio es ya precario debido a la sobreexplotación, el crecimiento urbano desmedido, la contaminación, y la falta de transparencia en la gestión del recurso. El nuevo acueducto propone extraer 120 millones de metros cúbicos anuales, reduciendo aún más el caudal hacia Chapala, de donde depende el abasto del 60% del agua para el Área Metropolitana de Guadalajara. Esto no es un asunto menor, se trata de una redistribución de facto del agua, que favorece a un corredor industrial a costa del ecosistema lacustre más importante de México.
La presidenta calificó de “ridículo” suponer que se pretende quitarle agua a Jalisco. Pero el problema no es solo lo que se quitaría, sino lo que se deja de recibir. La diferencia entre lo proyectado y lo real es abismal, nada menos que los 800 millones de metros cúbicos que deberían llegar a Chapala anualmente, mismo que apenas quedarían 200, según Arturo Gleason. Las razones son múltiples, como deficiencias en la medición, captaciones irregulares, uso agrícola ineficiente y decisiones políticas que subordinan la lógica ambiental al desarrollo económico de regiones específicas.
Este no es un fenómeno nuevo. La disputa por el agua entre Jalisco y Guanajuato tiene décadas. Desde la cancelación del proyecto de San Nicolás, hasta la controvertida construcción de El Zapotillo, la historia hídrica del Occidente ha sido una crónica de imposiciones, resistencias y promesas rotas. Ahora, con la presa Solís, el gobierno federal vuelve a plantear una solución unidireccional, sin una verdadera consulta técnica ni social que contemple los efectos acumulativos del desvío de caudales.
Más allá del impacto en el abasto urbano, el daño ambiental al Lago de Chapala sería profundo y, posiblemente, irreversible. La reducción del caudal afectaría la capacidad de recarga natural del lago, acelerando su eutrofización, incrementando la concentración de contaminantes y reduciendo los niveles de oxigenación en el agua, lo cual pone en riesgo la biodiversidad acuática y la vida de las especies endémicas. Asimismo, la pérdida de volumen hídrico favorecería la proliferación de lirio acuático, afectando la navegación y el equilibrio del ecosistema. Las zonas ribereñas, ya presionadas por la urbanización, perderían su capacidad de infiltración, y con ello se comprometerían también los mantos freáticos y los manantiales que nutren comunidades aledañas. Chapala no es solo un cuerpo de agua, es un regulador climático, una fuente de vida y un patrimonio ambiental del Occidente mexicano.
Lo que está en juego no es solo el agua, sino el modelo de desarrollo que queremos para el país. ¿Podemos seguir tolerando un sistema donde el agua se reparte como botín político entre entidades, sin criterios ecológicos ni de justicia social? ¿Es válido priorizar la expansión de zonas industriales sobre el derecho de los ecosistemas y las ciudades a sobrevivir con dignidad?
El gobernador de Jalisco ha pedido instalar una mesa de diálogo. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco ha advertido sobre el riesgo de un desequilibrio hídrico. La ciudadanía, mientras tanto, observa cómo los espejos de agua se reducen y las sequías se intensifican. México ya enfrenta una crisis por escasez hídrica, agravada por el cambio climático y el mal manejo institucional. Se requiere una nueva ética del agua.
