El caso de las Villas Panamericanas, hoy rebautizadas como “Conjunto Avaterra”, no es sólo una operación fallida de vivienda, ni un desacierto en la planeación urbana. Es un símbolo estructural de cómo se gesta el desvío de recursos públicos mediante una red articulada de intereses privados, corrupción política y omisiones institucionales. La intervención de la Fiscalía estatal, con aseguramientos y órdenes de aprehensión, representa apenas la superficie de un fraude monumental que lleva más de una década incubándose entre las grietas del poder económico y gubernamental en Jalisco.
Todo comenzó con una inversión pública sustancial, pues en 2009, el Ipejal y el entonces Instituto de Promoción de la Vivienda del Estado (hoy Ijalvi) aportaron en conjunto 1,200 millones de pesos para construir un complejo de 942 departamentos. Desde su origen, el proyecto arrastró irregularidades ambientales al ubicarse en zona de recarga hidrológica y colindar con un área natural protegida. Pero fue hasta la operación de venta en 2019 que el fraude tomó una forma más acabada, ya que Green Life Capital, empresa recién constituida con vínculos claros a empresarios ligados al poder político, pactó la compra del complejo por 1,500 millones de pesos, a pagar en cuatro años, prometiendo un adelanto financiado con recursos triangulados.
El esquema de financiamiento revela una ingeniería financiera orientada al desvío, con recursos de Fojal, fondo originalmente destinado a apoyar mipymes, fueron canalizados a través de empresas fachada —como Duvar Trading Management o Sumados Hacemos Más— hasta acabar financiando a Green Life Capital. Este grupo, sin experiencia en desarrollo inmobiliario ni solvencia acreditada, obtuvo el control de los inmuebles a través de contratos simulados, préstamos opacos y complicidades notariales. La participación del arquitecto de este modelo, no sólo se limita al papel del empresario oportunista, pues fue también artífice del Sistema Estatal de Financiamiento, es decir, conocía las entrañas de Fojal y supo explotarlas en beneficio propio.
Las investigaciones revelan que al menos 44 personas físicas, 24 empresas y más de 100 nombres están implicados en esta trama. Se trata de una red operativa, no de una acción aislada. Entre los personajes destacan ex funcionarios, notarios y operadores financieros que, valiéndose de su paso por instituciones públicas, instauraron un mecanismo sistemático para el desfalco. Incluso se detectaron departamentos escriturados a nombre de abogados, notarios y empresarios, lo que sugiere una repartición de bienes producto del saqueo.
Más grave aún es el otorgamiento exprés del certificado de habitabilidad en 2019 por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, pasando por encima del Ayuntamiento de Zapopan. Este acto, calificado como opaco y a contracorriente de las objeciones ambientales y legales, permitió dar apariencia de legalidad a un proyecto cuya comercialización ya estaba pactada entre privados. Así, la judicialización no sólo fue omisa, sino cómplice.
Hoy, con las cuentas congeladas, las notarías intervenidas y los responsables prófugos, el discurso institucional intenta instalar la idea de justicia. Sin embargo, el combate a la corrupción sólo será verosímil si se investigan los actos cometidos desde 2014, y durante todo el sexenio anterior. La fiscalización selectiva sólo recicla la impunidad.
Lo ocurrido en las Villas Panamericanas es un espejo de la corrupción estructural que carcome al aparato institucional mexicano. Se trata de una desviación sistémica del mandato público hacia fines privados, amparada en la normalización de la opacidad, la complicidad, las sentencias judiciales en contra de los intereses públicos de la ciudad, y la captura de las agencias estatales. La conversión de recursos para el desarrollo económico en financiamiento para negocios inmobiliarios fraudulentos, además de ilegal, es obsceno.
En el fondo, no sólo se debe perseguir a los responsables visibles, sino desmontar la arquitectura que permite que fondos públicos como los del Ipejal y Fojal se conviertan en botín sexenal. Urge poner candados. La política de rendición de cuentas no puede ser un recurso de coyuntura. Debe ser estructural, como lo ha sido el saqueo.
