El domingo pasado se concretó la imposición de un Poder Judicial partidista, ilegítimo y fraudulento, con una significativa escasez de votantes: 9.5 por ciento de los inscritos en el padrón, si descartamos las boletas anuladas. Ante el espectáculo bochornoso de las urnas vacías, el triunfalismo gubernamental recuerda la conducta de Maradona cuando le metió un gol con la mano a Inglaterra y gritó a sus compañeros “hagan quilombo” para engañar mejor al árbitro del partido. La presidenta Sheinbaum lleva una semana haciendo quilombo, pero los jueces nombrados por dedazo desde Palenque no podrán ufanarse de representar a la mayoría ciudadana, que dio la espalda a sus estafadores. En este caso, el árbitro se negó a dar por bueno el gol.
El capricho despótico de López Obrador, cuyos efectos económicos ya empiezan a repercutir en el bolsillo de la gente, puede costarle caro a la 4T, no sólo por el descrédito internacional que se ha ganado a pulso, sino por la evidente renuencia de sus propios simpatizantes a convalidar un simulacro de fiesta cívica donde se les quiso tratar como idiotas útiles. Veinte millones de ciudadanos que habían votado por Claudia Sheinbaum no acudieron a las urnas, ofendidos, quizá, por el obsceno reparto de acordeones a los acarreados que el aparato corporativo movilizó a cuenta del erario, como en los tiempos de las urnas embarazadas y el ratón loco.
El fraude había comenzado desde que el consejo general del INE, cooptado por Morena, otorgó a la coalición gobernante 73 por ciento de los escaños en el Congreso, aunque el sufragio le haya dado 18 puntos menos. La aritmética de la democracia quedó desde entonces herida de muerte. Vinieron luego las extorsiones a los cuatro senadores de oposición que cambiaron de chaqueta al cuarto para las 12, para votar a favor de la aberrante reforma. La dictadura perfecta empleaba los mismos métodos gansteriles en las elecciones donde no estaba segura de ganar. La diferencia es que la vieja guardia del PRI elevó el cinismo a la altura del arte, mientras que los capos de Morena se sienten moralmente superiores al resto de las fuerzas políticas. ¿Alguien cree todavía que puede acabar con la corrupción, o disminuirla siquiera, una camarilla de hipócritas con poder absoluto, que ya revirtió todos los avances democráticos del país y ahora enfila sus baterías contra la libertad de expresión? Si de verdad son incorruptibles, ¿por qué le temerán tanto al escrutinio público y a la división de poderes?
Con el Poder Judicial bajo control del partido hegemónico, no hay la menor esperanza de que sean castigadas en México las complicidades entre el poder político y el crimen organizado que empezaron a ventilarse desde las elecciones intermedias de 2021, pero quedaron expuestas con mayor nitidez tras el secuestro del Mayo Zambada. Tampoco pagarán sus delitos los gobernadores que auspiciaron o toleraron la exportación de huachicol a gran escala, el segundo negocio más importante del hampa, que el sexenio pasado obtuvo ganancias estratosféricas, mientras el caudillo de Macuspana miraba para otra parte. Los decomisos de buque-tanques con millones de litros de combustible robado a Pemex no han tenido hasta hoy consecuencias penales para ninguna de las autoridades que forzosamente participaron en el negocio, pero con el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, el gobierno de Estados Unidos ya empezó a presionar a Sheinbaum para que castigue a los responsables o cuando menos, los someta a investigación. Y como la chapiza cantará pronto en los interrogatorios del Department of Justice, para no mencionar la enorme cloaca que puede destapar el Mayo, el pacto de impunidad con el narco tarde o temprano pondrá en la picota a sus principales beneficiarios políticos. Algunos quizás le harán compañía a García Luna en las inhóspitas cárceles del imperio, si les da por llevar a su prole de vacaciones a Disney World.
Los tímidos intentos de la presidenta Sheinbaum por sanear las filas de la 4T se han topado hasta hoy con el rechazo frontal del Jefe Máximo, que le heredó la administración pública, pero controla todavía el Poder Legislativo y la dirigencia de Morena. Presidenta a medias, los límites de su poder salieron a relucir cuando no pudo desaforar a Cuauhtémoc Blanco, a pesar de que una media hermana del futbolista lo acusó por intento de violación y el gobierno de Morelos le imputa un desfalco por 40 millones de pesos (la Auditoría Superior de Hacienda eleva la suma a 4 mil millones). Al parecer AMLO cree que si el brazo de la ley castiga a un solo camarada importante, la aureola de probidad de su movimiento se derrumbará como un castillo de naipes. Por eso necesitaba que todos los integrantes del Poder Judicial le debieran el puesto. La nueva cleptocracia ya tiene un blindaje de acero para saquear a su antojo. _
