En los últimos años, la exigencia social por un Poder Judicial íntegro, transparente y que rinda cuentas se ha vuelto ineludible. La ciudadanía ya no tolera prácticas opacas, conflictos de interés o, peor aún, impunidad al interior de los órganos encargados de impartir justicia.
Por ello, la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México presentada por las bancadas de Morena, PT y Partido Verde, no solo debe tener en cuenta esta exigencia social, sino puntualizar en el fortalecimiento del órgano que tendrá dicha encomienda, el Tribunal de Disciplina Judicial.
Con el actual texto, este tribunal carece de las herramientas necesarias para cumplir cabalmente su función. Su dependencia administrativa y presupuestaria limita su capacidad de investigar, sancionar y prevenir conductas irregulares entre jueces, magistrados y personal judicial.
La concentración de funciones disciplinarias y administrativas en las mismas manos genera un riesgo evidente de opacidad y parcialidad.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, debe dotar al Tribunal de Disciplina Judicial de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, tal como ya ocurre a nivel federal. No se trata de una innovación, sino de armonizar con el sistema nacional de justicia y seguir mejores prácticas. Solo con independencia real se pueden garantizar procesos imparciales, recursos suficientes y decisiones libres de influencias indebidas.
Pero además, se deben crear direcciones generales especializadas en prevención, ética, anticorrupción y transparencia, alineadas con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto permitirá no solo sancionar, sino anticiparse a las malas prácticas, formando servidores judiciales comprometidos con la integridad.
Asimismo, se debe mejorar la integración de las ponencias, sustituyendo a oficiales judiciales por técnicos judiciales, perfiles con formación jurídica especializada capaces de resolver asuntos complejos con rigor profesional. No es un cambio menor: es una apuesta por la calidad técnica en la sustanciación de los procedimientos.
Detrás de estos ajustes normativos late un principio fundamental, la confianza ciudadana. Un Poder Judicial que no se disciplina a sí mismo está condenado a perder legitimidad. Y sin legitimidad, no hay justicia posible.
Es momento de que el Estado de México se ponga a la vanguardia en materia de rendición de cuentas judicial. No son solo artículos en una ley; son la base de un sistema judicial más digno, transparente y cercano a la gente.
La oportunidad es histórica. No se debe desaprovechar.
