Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ha convertido el ejercicio político en un espectáculo plagado de gestos ostentosos y decisiones que rozan el nepotismo. Su influencia ha trascendido las fronteras de San Lázaro, permeando en administraciones locales como la del municipio de Toluca, donde su hermano, Alejandro Gutiérrez Luna, funge como jefe de oficina del presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, lo que evidencia un lazo más de poder familiar que de mérito técnico o ético.
Esta cadena de familiaridades no se limita a su hermano: su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego, diputada federal por Sonora, ha sido protagonista de controversias que alimentan discursos sobre favoritismos y dinámicas de complicidad dentro de los espacios de poder.
No puede ignorarse la dimensión simbólica de sus excentricidades. Recientemente, su celebración familiar, la primera comunión de sus hijos, se trasformó en un cónclave político en el rancho de Pedro Haces, donde se reunieron figuras emblemáticas de Morena como Ricardo Monreal, Eruviel Ávila y el secretario general de la Cámara. La reunión, lejos de verse como un acto íntimo, pareció un despliegue de networking político revestido de liturgia religiosa.
Pero más grave aún han sido sus decisiones legislativas: ha promovido juicios políticos contra consejeros del INE y jueces que, desde su óptica, obstaculizaban las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación. En marzo de 2025, se le criticó abiertamente en el pleno por autorizar la participación del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación, lo que varias diputadas consideraron una afrenta al reglamento de la Cámara y una burla a la lucha de las mujeres.
Este cóctel de nepotismo, espectáculo y autoritarismo legislativo siembra una duda que va más allá de la estética: ¿Es esta la democracia que prometió Morena? Mientras Gutiérrez Luna reflexiona sobre la imparcialidad, su actuar sugiere lo contrario, un traje a la medida del privilegio, no de la responsabilidad pública.
El caso de Sergio Gutiérrez Luna debería hacernos cuestionar el precio de la lealtad política en los cargos públicos. Cuando los instrumentos del Estado, la legislación, el honor, el debate y la representación, son utilizados para consolidar redes familiares y simbolismos ostentosos, la fragilidad democrática no solo se pone en evidencia: se empeña.
La política, esa que enarbola ideales de justicia, equidad y transformación, no merece trajes a la medida, sino ciudadanos que se pongan el uniforme del servicio.
