En México, las aduanas han sido históricamente un epicentro de corrupción. En el sexenio anterior, la administración federal decidió entregar las aduanas a la Marina bajo el argumento de blindarlas contra el crimen organizado y el contrabando. Sin embargo, hoy emerge un fenómeno que no solo desnuda la fragilidad del control militar, sino también la profundidad del entramado corrupto que atraviesa a diferentes niveles del poder, el llamado huachicol fiscal.
Este esquema consiste en fraudes multimillonarios al Estado mediante subvaluación de mercancías, manipulación de pedimentos y omisión deliberada de impuestos. Un robo silencioso que, al igual que el huachicol de combustibles, erosiona las finanzas públicas y fortalece a redes criminales que operan con la complicidad de funcionarios. Y aunque los reflectores apuntan a elementos de la Marina, lo cierto es que los beneficiarios y cómplices rebasan a esta corporación. Empresarios coludidos, agentes aduanales, operadores políticos y servidores públicos de diferentes niveles se encuentran en esta ecuación.
Particularmente inquietante es el impacto que esta corrupción tiene en el Estado de México. Durante el sexenio 2018-2024, varios funcionarios mexiquenses tuvieron responsabilidades en la Administración de las Aduanas, dejando la sospecha de que desde ahí se tejieron redes de protección y negocios ilícitos que hoy tienen repercusiones en territorio estatal. No es casualidad que, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos haya comenzado a explorar y monitorear puntos estratégicos en el sur del Estado de México, donde confluyen intereses aduanales, crimen organizado y autoridades municipales.
Los recientes operativos de la Secretaría de Seguridad federal, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía mexiquense en esa región refuerzan la hipótesis de un ecosistema criminal tolerado desde las altas esferas del poder local. Se habla incluso de presidentes municipales y funcionarios protegidos por altos funcionarios del gobierno mexiquense, un entramado que dificulta cualquier intento de limpiar las instituciones y que proyecta la imagen de un Estado capturado.
El huachicol fiscal no es solo un fraude al erario. Es un espejo de la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, un negocio que financia violencia y corroe la confianza en las instituciones. Que Estados Unidos se interese en revisar lo que ocurre en suelo mexiquense debería ser un llamado de atención, cuando la corrupción interna pone en riesgo la seguridad hemisférica, la injerencia externa es inevitable.
Lo urgente hoy es romper el pacto de impunidad que ha permitido que estas prácticas florezcan. Sin controles independientes, sin voluntad política real y con autoridades que se protegen entre sí, el combate al huachicol fiscal quedará en simples discursos. Y mientras tanto, México seguirá perdiendo recursos, seguridad y credibilidad frente a sus propios ciudadanos y ante el mundo.
