De un momento a otro, el calor de 38 grados de las tres de la tarde de un jueves en Culiacán, Sinaloa, se intensificó con el incendio de vehículos, los disparos entre delincuentes y militares en el poblado de Jesús María, el bloqueo de las salidas, y el miedo inevitable de quedar en medio de la violencia.
Un escenario que revivió aquellos jueves negros que evidenciaron el control del Cártel de Sinaloa en la entidad. El primer culiacanazo, el 17 de octubre de 2019, se desató con la detención de Ovidio Guzmán López. La población terminó atrapada en la disputa entre criminales y elementos de las fuerzas federales. Decenas de civiles armados sitiaron la ciudad a plena luz del día, robando y quemando unidades. El 5 de enero de 2023 fue el segundo episodio, cuando se concretó la aprehensión de Ovidio; lo que paralizó todo ante la reacción violenta de la organización delictiva.
Unas horas antes del caos de este jueves, al que las autoridades estatales rechazaron calificar como un tercer culiacanazo, la FGR solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre el paradero del hijo de El Chapo Guzmán, luego de que se confirmara su excarcelación el 23 de julio, dos días antes de la entrega y detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en el país vecino; y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS y fundador del PAS, un crimen que puso en jaque al gobierno de Sinaloa.
En este contexto, con la incertidumbre en la misma organización criminal, las revelaciones del capo desde su cautiverio, y la presunta aprehensión de un líder del cártel, el miedo hizo que culiacanenses colapsaran las calles para llegar a casa, rodeados de unidades de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, esquivando ponchallantas y sometidos a la voluntad de la delincuencia.
Porque así se vive en Culiacán, en un estado en alerta permanente, donde la única certeza es que la paz está muy lejos de llegar, mucho menos en jueves.
