Seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han dejado una sociedad más politizada, pero también más polarizada. No hay iniciativa del Presidente que no haya sido polémica, analizada y criticada, pero ninguna como la reforma al Poder Judicial, que no solamente ha llevado a un paro indefinido a sus trabajadores, sino que ha despertado reacciones de embajadores de Estados Unidos y Canadá, quienes sin reservas han externado su postura, aunque se trate de política interna de México.
Y es que al parecer todos tienen algo qué decir respecto a la propuesta que ya pasó su primera aprobación, pero pocos ciudadanos conocen a fondo el funcionamiento y los problemas que aquejan al sistema de justicia en el país, quiénes son jueces y magistrados, y de qué manera llegan a esa posición.
Es por esa ignorancia que la ciudadanía se vuelve presa fácil de ambos extremos políticos que incluso replican información falsa con tal de engrosar sus filas. Por un lado los que ven en la reforma el principio del fin de la democracia y la desaparición de su autonomía; y por el otro quienes la consideran una medida necesaria para erradicar la corrupción y el nepotismo.
Al quedar en el blanco o el negro, no se ven los grises, y se niegan las deficiencias tanto del Poder Judicial como de la iniciativa de reforma.
Un estudio del Consejo de la Judicatura reveló que en 2022 había 6 mil 755 redes familiares (integradas por desde 2 hasta 79 integrantes de una misma familia); 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron una carrera judicial tienen familiares dentro de Poder Judicial; y 41 por ciento de los funcionarios administrativos tienen parientes en la Judicatura.
De acuerdo con el Observatorio de Designaciones Públicas, proyecto impulsado por Article 19 y Fundar, la elección de jueces por elección popular tampoco garantiza la eliminación de las malas prácticas ni del influyentismo, además señala que los requisitos planteados en la reforma resultan laxos.
Las dos posturas tienen sus dilemas, por eso debemos educarnos para entender las implicaciones de una reforma tan trascendental como la judicial, de otra manera nos convertimos en repetidores de discursos al servicio de un sector para inclinar la balanza.
