La confrontación entre la Universidad de Harvard y el gobierno de Estados Unidos es mucho más que una disputa presupuestal. Representa una batalla simbólica por el alma de la universidad moderna. Ante el ultimátum del presidente Trump, que condiciona el financiamiento federal a nuevas políticas de admisión, contratación y diseño curricular, el rector Alan Garber fue categórico: “Ni Harvard ni ninguna otra universidad puede permitirse ser intervenida por el gobierno”.
La respuesta de Trump no tardó: se congelaron 2 mil millones de dólares en fondos y se amenazó con retirar beneficios fiscales, tildando a la universidad de “una broma que enseña odio y estupidez”. Más allá de bravatas, lo que está en juego es el modelo de universidad que queremos preservar: crítica, plural, autónoma, y comprometida con el conocimiento como bien público.
Harvard puede resistir: su fondo patrimonial supera los 50 mil millones, más que el PIB de países como Bolivia. Su poder financiero le permite desafiar al poder político, pero eso también la obliga a asumir con seriedad su responsabilidad. Defender la libertad académica exige, sí, resistir presiones externas; pero también implica la valentía de revisar prácticas internas que socavan sus propios valores. Un ejemplo evidente es el de las admisiones por legado, que privilegian a hijos de ex alumnos y donantes. Esta práctica perpetúa desigualdades y contradice el ideal meritocrático. Si Harvard quiere sostener su autoridad moral, debe eliminarla.
Otro aspecto es la inclusión. Tras el fallo de la Suprema Corte que prohibió considerar la raza en las admisiones, la diversidad en los campus está en riesgo. Harvard ha prometido buscar nuevos mecanismos para atraer estudiantes diversos, pero ello debe traducirse en acciones concretas. La autonomía universitaria, ese principio invaluable que permite a las universidades pensar con libertad, también debe ejercerse con autocrítica y visión de justicia. Harvard hizo bien en defenderse del intento de subordinación política, pero haría mejor si lidera, también, las reformas necesarias desde dentro.
Cuando una universidad demuestra que puede corregirse a sí misma, sin imposiciones externas, refuerza no solo su legitimidad, sino la del principio mismo de autonomía.
