Se cumplen poco más de seis meses del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, y entre los temas que han acaparado la atención pública destaca el trato indignante que su administración está dando a los migrantes indocumentados. Los reportes sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos de esta población se han vuelto recurrentes, generando oleadas de indignación, tanto en medios de comunicación como en la sociedad civil. Frente a este escenario resulta igualmente crucial examinar con espíritu crítico las medidas que los países de origen –particularmente México– están adoptando para proteger a sus connacionales.
Ante la coyuntura actual, el Gobierno mexicano ha articulado una serie de acciones para atender a los connacionales que están siendo expulsados desde Estados Unidos. Se trata de un esfuerzo conjunto que incluye a gobiernos de distintos niveles, diversas dependencias y la participación de otros sectores, como el empresarial. La atención considera la orientación en Estados Unidos a mexicanos que están en proceso de expulsión y la recepción en México.
Específicamente para el proceso de recepción en México, el Gobierno encomendó a la Secretaría de Gobernación (Segob) coordinar una serie de acciones, denominadas “México te abraza”, para actuar ante la posible llegada masiva de migrantes. Entre las acciones implementadas está la instalación de 10 centros de atención, ubicados cerca de los puntos de repatriación que opera el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la presencia en esos mismos puntos de diversas dependencias que ofrecen ayuda o servicios a los migrantes, tales como: raciones de alimentos, alojamiento temporal, atención médica, Tarjeta Bienestar Paisano (con dos mil pesos de apoyo para cubrir sus gastos de traslado a su lugar de origen), entre otros.
Al definir estas estrategias, un elemento clave fue intentar anticipar un escenario sobre cuántas personas serían expulsadas, aspecto que es crucial al diseñar las respuestas institucionales, ya que de ello depende parte de la estrategia y la asignación de recursos. Luego de poco más de seis meses, el Gobierno ha publicado algunas cifras e informes que ayudan a reflexionar sobre los aciertos y áreas de oportunidad de las medidas tomadas.
Afortunadamente los datos publicados indican que el flujo de repatriados en 2025 no ha alcanzado los niveles previstos y, de hecho, muestra una disminución respecto al año anterior. Según registros oficiales, entre febrero y julio de 2024 se repatrió a 88 mil 519 mexicanos desde Estados Unidos, mientras que en el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 15 de junio de 2025 –según reportes de la Coordinación del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Segob– se recibió a 56 mil 298 connacionales, de los cuales solo 24 mil 082 (42.8 por ciento) utilizaron los centros de atención. Esta tendencia se confirmó el 1 de agosto, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en conferencia de prensa actualizó las cifras a 75 mil 900 deportados en total, destacando que 36 mil 162 habían ingresado a los centros.
Estos datos son relevantes porque cada centro instalado tiene capacidad para atender hasta 2 mil 500 personas al día, lo que permitiría asistir a 25 mil migrantes en total. Sin embargo, según los últimos datos reportados, en promedio se atendió a 186 personas diarias (19 por centro). Es decir, la estructura instalada resultó muy superior a la requerida, lo que en parte es una buena noticia –pues se ha logrado satisfacer la necesidad de alojamiento–, pero también justifica cuestionar los criterios utilizados para dimensionar estos centros y repensar si las estrategias implementadas son las más adecuadas.
Luis Enrique Calva Sánchez*
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
