Un grupo de activistas y organizaciones a favor del vapeo se manifestó recientemente frente al Senado para pedir que no se prohíban por completo los cigarros electrónicos. Su exigencia es clara: abrir una mesa de diálogo antes de que se aprueben las leyes secundarias de la reforma a la Ley General de Salud. Su objetivo no es promover el uso sin control, sino impulsar una regulación sensata.
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados plantea la prohibición total de vapeadores y dispositivos similares. Pero antes de tomar una decisión así de drástica, vale la pena analizar lo que está ocurriendo en otros países. En lugares como el Reino Unido, estos dispositivos son utilizados como una alternativa para dejar de fumar, con resultados positivos para miles de personas.
Eso no significa que vapear sea seguro. Está demostrado que estos productos también contienen sustancias dañinas. Pero muchos estudios coinciden en que los riesgos son menores en comparación con los cigarros tradicionales. El problema comienza cuando no hay reglas claras, cuando se venden en cualquier lugar y sin control sobre lo que contienen.
En México, los vapeadores han entrado por la puerta trasera. Se venden en redes sociales, tianguis y tiendas sin regulación. Muchos llegan adulterados, sin etiquetas ni advertencias. Lo más grave es que terminan en manos de jóvenes que los usan sin saber lo que están consumiendo. Esto no se resuelve con prohibiciones, sino con una estrategia que incluya educación, vigilancia y regulación.
El riesgo de prohibir sin regular es abrirle camino al mercado ilegal. Ya lo vivimos con otros productos. Cuando se sacan del mercado de forma tajante, crecen las ventas clandestinas, bajan los estándares de calidad y se pierden los controles. Eso no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava.
Regular no es lo mismo que permitir sin límites. Se pueden establecer reglas estrictas: ventas solo a mayores de edad, control de los ingredientes, etiquetado claro, límites de nicotina y campañas para informar sobre los riesgos reales. Eso permitiría que quienes ya fuman puedan tener una alternativa más segura, sin exponer a quienes no deben consumirlos.
La protesta frente al Senado es un llamado a que se escuchen distintas voces. Es un reclamo legítimo que no busca imponer, sino participar en la toma de decisiones. Las leyes de salud deben construirse con base en evidencia, no solo con buena intención. Escuchar no debilita al Estado, lo fortalece.
México necesita una política pública que combine responsabilidad, información y sentido común. El vapeo no es un juego, pero tampoco es un enemigo peor que el cigarro. La solución no está en el extremo, sino en el equilibrio. Y eso sólo se logra con diálogo, no con imposiciones.
