Está claro que los mexicanos tenemos hoy poca o nula defensa contra el poder. A partir de septiembre serán escasas o nulas las cortes o jueces que lleven a buen puerto las querellas ciudadanas; la otrora respetada Comisión de Derechos Humanos es una tapadera cómplice; los tribunales y fiscalías están enfocadas en combatir no al crimen, sino a la crítica y el disenso, y las ong han sido destripadas como jaguares bajo las vías del Tren Maya.
Los partidos políticos no se molestan siquiera en alzar la voz, estando sus líderes ocupados en preservar sus empequeñecidos cotos antes que defender al país del embate guinda, autoritario y corruptor. Los otrora combativos empresarios hoy bajan la vista hacia sus carteras mientras se muerden la lengua comiendo tamales de chipilín, al tiempo que los medios purgan a los periodistas insumisos, llenándose de aduladores.
Al menos nos quedan las benditas redes sociales, que el poder intentó sin éxito copar mediante el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones. Pero allí están sus cortes e instituciones a modo: ante cualquier comentario que les irrita, los funcionarios de la T4 interponen procedimientos absurdos ante autoridades que les dan inmediato trámite mientras ignoran las violaciones más feroces desde el gobierno contra las libertades ciudadanas. Un par de ejemplos:
Miguel Meza, de DefensorxsAC, tiene un procedimiento en su contra por “violencia política de género” interpuesto por Luis Castañeda, ex director de la consejería jurídica de la Presidenta y candidato a juez laboral en la capital. ¿El motivo? Haber publicado que Castañeda está acusado por 36 mujeres de acoso sexual e
intimidaciones.
Héctor de Mauleón fue denunciado por Tania Contreras López, ex consejera jurídica del gobierno tamaulipeco y flamante magistrada, por una columna sobre la complicidad de ésta con el huachicoleo fronterizo. El Tribunal Electoral de Tamaulipas, en manos de parientes y amigos de la quejosa, de inmediato dictó medidas cautelares contra De Mauleón gracias a que el INE, generosamente, le proporcionó los datos particulares del columnista.
Los últimos dos casos son joyas del absurdo —sí, más—: la comunicadora Laisha Wilkins fue notificada por El Tribunal Electoral del Poder Judicial que la candidata perdedora a ministra de la Suprema Corte, Dora Alicia Martínez, la denunció por haberse mofado en X del título de una nota periodística, completamente ajena a Wilkins, que la apodaba “Dora la Censuradora”. El chiste se contaría solo, si fuera chiste.
Y luego está Karla María Estrella, una simple ciudadana que recibió una notificación del INE —el mismo INE que desestimó en express los certeros acordeones, el acarreo y la extorsión electoral desde el gobierno en la reciente elección— por referirse así a Diana Karina Barreras, esposa del presidente de la Cámara de Diputados y candidata a diputada federal: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura”.
Lo peor es que, en el país más democrático del mundo, estos golpes contra la libertad de expresión son apenas el principio.
