Para la democracia moderna es fundamental el respeto al estado de derecho constitucional; que entre sus principios destacan que el candidato a presidente una vez electo está obligado a gobernar para todos sin distinguir partidos, simpatías o diferencias; y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
En efecto, el presidente al tomar posesión, protesta ante el Congreso guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes; y desempeñar leal y patrióticamente el cargo mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Sin embargo, desde la presidencia de la república se quebrantan esos principios promoviendo la polarización social; y excitando el rencor popular en contra de los calificados como conservadores y antagonistas.
El Secretario de Gobernación también ha asumido esa actitud.
En la gira que hace por los Estados promoviendo el voto a favor de que las Fuerzas Armadas continúen sus funciones de seguridad pública hasta el año 2028, ha criticado ofensiva e injustamente a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Nuevo León.
Injustamente, porque ningún gobernador ha estado en contra de que el ejército continúe hasta el año 2024 realizando esas funciones, lo que se ha pedido es que una vez que vaya a vencer ese plazo se evalúen los resultados de la política de seguridad, y se decida si las Fuerzas Armadas deben continuar o ya pueden las policías hacerse cargo de manera efectiva de la seguridad.
El Secretario de Gobernación tiene a su cargo, entre otras, las funciones de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y coordinar las políticas públicas de seguridad nacional y migración.
El Secretario debería reconsiderar sus actitudes, y ser el coordinador eficaz que el país necesita, urgentemente, en materia de seguridad y migración.
