El nuevo Poder Judicial que resultó de las elecciones de junio de este año ha comenzado con el pie izquierdo y ha tomado decisiones que han dejado mucho que desear.
Una de las primeras acciones que debía tomar el Poder Judicial era la de presentar su solicitud de presupuesto para el ejercicio 2026. Esta solicitud se turna directamente a la Secretaría de Hacienda y ésta, por tratarse de la petición de un poder autónomo, solo toma nota de lo solicitado y lo integra tal cual en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, Hacienda no tiene la potestad de modificar o sugerir ajustes a dicha petición.
El año pasado la solicitud de presupuesto del viejo Poder Judicial para 2025 fue de 85 mil millones de pesos. Este monto, que en su momento se consideró excesivo, fue ajustado por la Cámara de Diputados (que es quien tiene la atribución de aprobar el Presupuesto) y solo le aprobaron 71 mil millones de pesos, es decir, la solicitud original sufrió un recorte de alrededor de 14 mil millones de pesos.
¿Qué pasó este año? La solicitud de presupuesto para 2026 que envió el Poder Judicial fue de 86 mil millones de pesos, un aumento de mil millones con respecto a lo solicitado el año anterior y de 15 mil millones con respecto a lo aprobado el año pasado (¡un aumento de más de 20 por ciento!). Se ha dicho que la solicitud presupuestal fue realizada por personal del viejo Poder Judicial. Por los tiempos de preparación del presupuesto es posible que así haya sido. Sin embargo, es un error imperdonable que los responsables del nuevo Poder Judicial no hayan previsto que debían coordinarse con los funcionarios salientes, o que deberían hacer un ajuste de inmediato a dicha solicitud, para enviar la señal de que habían entendido el mandato de austeridad que, entre otros factores, había sido utilizado para justificar la renovación del Poder Judicial.
Hay por lo menos otros dos elementos de la nueva Corte que también han llamado poderosamente la atención: el número y la composición de los asistentes que conforman las ponencias que apoyarán a los nuevos ministros. Es completamente injustificado el incremento en el número de asistentes de los que se han rodeado algunos ministros, incluyendo al nuevo presidente de la Corte. Es cierto que tienen mucho trabajo, es cierto que tienen poca o nula experiencia, sin embargo, esto no justifica de ninguna manera la magnitud del ejército de asesores y de toda la parafernalia de la que han comenzado a rodearse.
Algo similar ocurre con la composición de algunas de las ponencias de los nuevos ministros: familiares inexpertos de políticos amigos en lo que parece más un pago de favores que otra cosa, personajes con nula o escasa preparación para las labores y plazas que ocuparán, o individuos polémicos sobre los que pesan sospechas de corrupción. Todo esto se asemeja más a lo que López Obrador llamaba la fantochería y las componendas del antiguo régimen que a un nuevo poder que fue construido con la promesa de garantizar finalmente la impartición de una justicia pronta y expedita.
