La señora Laura Ofelia Garza Garza falleció el día 31 de julio del año 2022 a causa de una complicación posquirúrgica en el Doctors Hospital East de Guadalupe, derivado de una cirugía de tipo bariátrica.
Tres días antes (jueves 28 de julio) ingresó a las seis de la mañana con todo el optimismo, porque el doctor Roberto Pineda Quiñones, cirujano a cargo, le prometió que el bypass cambiaría su vida… pero nunca pensó que una posible negligencia pudiera provocarle la muerte.
Luego de realizarse los estudios preoperatorios, todo lucía bien, pues ella no padecía diabetes, ni presión arterial alta, y todos sus signos estaban normales. La cirugía duró cinco horas, pero al salir manifestó dolor intenso y el doctor Pineda solo le recetó calmantes.
Para el sábado 30 de julio por la mañana, Laura Ofelia fue trasladada a cuidados intensivos porque sus signos vitales mostraban debilidad, pero ya iba tan grave que fue necesario intervenirla, pues tenía perforado el intestino.
La mujer quedó en estado de coma y para el domingo 31 de julio casi a mediodía les dieron la noticia que había fallecido. El doctor nunca les explicó las causas del deceso, hasta que entregó el acta de defunción, donde explica claramente sobre la perforación del tubo digestivo.
Las causas de la muerte asentadas por el mismo médico en el certificado de defunción eran: falla múltiple orgánica, shock séptico, sepsis abdominal y perforación del intestino.
La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado y luego de integrar la averiguación, el pasado miércoles 20 de agosto, y después de dos años de proceso y tres días de audiencia de juicio en donde se acreditó el delito, el juez Armando Barajas García absuelve a Pineda Quiñones.
Los familiares consideran que el juzgador no valoró los elementos de prueba y valiéndose de un tecnisismo jurídico benefició al irresponsable galeno, dejando una estela de dolor en sus seres queridos, por lo que ahora apelarán al apoyo de la sociedad regiomontana para buscar la justicia que no encontraron en los tribunales.
Por esa razón ya están preparando una serie de marchas y con el apoyo de organizaciones civiles están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, para que este homicidio no quede impune.
Están convencidos que el fallo es producto de la corrupción en el interior del Tribunal Superior de Justicia, por lo que exigen a la presidenta Laura Perla Códova que tome cartas en el asunto. De igual forma harán del conocimiento de este caso al gobernador Samuel García.
