En tiempos donde la tendencia nacional parece ser hacia la concentración del poder, está tomando cada vez más fuerza la pretensión de eliminar la autonomía de las Fiscalías de Justicia federal y las de los estados.
Ya en días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum dio una señal cuando dijo que estaban analizando esa posibilidad, empezando por la Fiscalía General de la República, ya que eso permitiría al Ejecutivo nombrar directamente a sus fiscales o removerlos del cargo con toda libertad.
En contraparte, el alcalde regiomontano Adrián de la Garza se ha pronunciado por otorgar más recursos, ya que eso les daría mayor margen para contratar personal y tener herramientas para elevar la calidad en la procuración de justicia.
Algunos expertos en derecho consideran que cambiar de Procuraduría a Fiscalía dio origen a un conflicto político con los legisladores del PRI y PAN que a toda costa han querido influir en su designación, con el pretexto de impedir que el gobernador imponga un “fiscal amigo”.
Para este año, la FGJE solicitó 5 mil 130 millones 541 mil pesos, sin embargo, el presupuesto enviado por la Tesorería del Estado al Congreso es de 4 mil 479 millones de pesos, que representa 14.5 por ciento menos de lo que se pidió.
Cabe recordar que el 14 de abril de 2017, el Congreso del Estado aprobó el decreto número 243, que contenía diversas reformas, con las cuales se le dotó de autonomía al Ministerio Público.
Esa reforma dio paso a la aprobación del decreto número 314, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de diciembre de 2017, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia estatal.
Mientras se decide en un sentido o en otro, el entonces encargado de Despacho, Pedro Arce, y el ahora fiscal Javier Flores han insistido desde hace meses en implementar una estrategia legal, que les permita obtener el dinero que requiere la dependencia para la contratación de más personal operativo y un nuevo centro de justicia para la mujer.
Ya sea que vuelva a depender del Ejecutivo o siga como actualmente funciona, la Fiscalía necesita con urgencia los medios económicos para dar el servicio de calidad que merecemos.
