Ante las frivolidades de varios de los aspirantes a integrar el Poder Judicial, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad todas las solicitudes para utilizar sobrenombres en las boletas de dicho proceso.
Y es que ha sido tan excesiva la soberbia y sobrestimación de los participantes en esa elección, -por “dedazo y tómbola”- que se ha pretendido desconocer los principios rectores del Instituto Nacional Electoral en la citada contienda.
Para nadie es desconocido que por el populismo ejercido por López Obrador durante su administración sexenal, y quizá por conveniencia o ignorancia, varios de los inscritos registrados para contender en esa “elección”, recurrieron a las frases trilladas o sobresalientes con tal de llamar la atención del conglomerado que acudirá a ejercer su voto a las urnas en junio del presente.
Las peticiones de los suscritos han utilizado frases usadas en campañas políticas del pasado, vinculadas de manera directa con varios de los partidos políticos del espectro nacional y que la mayoría fueron eslóganes de recientes campañas políticas.
Sin duda, la atinada intervención definitoria del consejero electoral, Jorge Montaño, fue oportuna y convincente a grado tal que concluyó ante el pleno del INE que esas frivolidades podrían generar un sesgo o detrimento y “un voto subliminal” que afectaría la equidad en la elección.
Ya desatados los conceptos contundentes en contra de las frases fáciles de algunos de los candidatos al poder judicial, la consejera Carla Humphrey criticó de que se trate de sobrenombres creados en exclusiva para el próximo proceso, lo que con mayor razón exhibe que se trata de una estrategia electoral para posicionarse de forma fácil ante la integración del próximo Poder Judicial.
La consejera enfatizó contundente que son válidos los sobrenombres o las frases llenas de chabacanería que cuando son auténticos, con cierta antigüedad o creados desde antes del registro y no con motivo del próximo evento como es en muchos de los casos.
Y es cierto que los sobrenombres no pueden crearse ex profeso para una contienda electoral determinada, porque podrían llegar a constituir una clara ventaja para los protagonistas de esa contienda
Los consejeros electorales reconocieron que si bien es cierto que la ley permite que se incluyan sobrenombres en las campañas electorales, y por lo tanto, en las boletas para la multirreferida justa y al no estar en manos del INE, regular las candidaturas debió ser responsabilidad del Senado de la República.
Empero, la instancia senatorial la rechazó en voz del “líder” de ese cuerpo colegiado, el petista Fernández Noroña, quien sentenció que ellos no adoptarían su selección y menos su regulación.
El consejero Jaime Rivera fue más lejos en el controversial tema y esgrimió que permitir estos apodos impresos en la boleta, implicaría violar la prohibición de hacer campaña al momento de la votación ya que aparecer en la boleta con apodos relacionados con frases que la ciudadanía identifica con un partido político o la inclusión de consignas políticas y autoelogios, que dirigirían el voto generacional a una evidente equidad frente a otras candidaturas que no pidieron registrar un apodo o sobrenombre.
Además incluir esos membretes ocasionaría también que esas personas tuvieran un espacio más grande en la boleta y generaría también desigualdad entre los mismos candidatos.
Algunos de los apodos que buscaban colocar en la boleta además de la ‘ministra del pueblo’ defendida casi con la vida por Lenia Batres, estaban las de “El Ángel de la justicia”, “El defensor popular”“El presidente magistrado del pueblo”; “El magistrado del cambio”, “El abogado del pueblo”, “El defensor del pueblo”, “El juez del pueblo” y otros aspirantes más.
Al final, el INE impuso la ley y la congruencia y desechó el desorden y la frivolidad de un proceso que se ha manchado de populismo al que está acostumbrada la ciudadanía desde tiempos inmemoriales
