La elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025 no fue una reforma democrática; fue un atraco descarado al corazón del Estado de derecho en México. Vendida como un paso hacia la justicia popular, esta farsa orquestada por Morena y apuntalada por la presidenta Claudia Sheinbaum expuso una manipulación política grotesca, un diseño caótico y un desprecio absoluto por la independencia judicial.
Lejos de empoderar al pueblo, esta elección ha dejado al Poder Judicial vulnerable, politizado y al borde del colapso.
El proceso fue un desastre desde el arranque. Solo un 13% del padrón electoral votó, según el INE, un dato que no refleja entusiasmo ciudadano, sino repudio y desconcierto. Las boletas, un galimatías con hasta 100 candidatos por distrito, eran prácticamente ilegibles.
Sin campañas reales —prohibidas por restricciones absurdas de financiamiento— los votantes quedaron a merced de propaganda oficialista o pura improvisación. Esto no fue democracia; fue un simulacro diseñado para desinformar y desmovilizar.
La politización del proceso es aún más indignante. La mayoría de los ganadores, como Hugo Aguilar Ortiz, fueron candidatos del Ejecutivo, evidenciando que Morena no buscaba jueces, sino aliados. La exclusión de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de eventos oficiales y las críticas de ministros como Javier Laynez destapan la intención: someter al Judicial al capricho del Ejecutivo.
La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial electo, probablemente leal al régimen, es una puñalada a cualquier noción de contrapeso. Así que, no hace falta ser muy inteligente para deducir que esto no es justicia, sino control.
El diseño de la reforma es una burla. Elegir jueces por voto popular, un experimento casi inexistente en el mundo, es una receta para el desastre en un país donde el crimen organizado, como en Sinaloa, infiltra instituciones.
Los requisitos para ser candidato —una licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia— son tan laxos que permiten la entrada de improvisados sin capacidad para enfrentar los retos legales de México. ¿Cómo resolverán casos complejos de corrupción o tratados internacionales? La respuesta es clara: no lo harán. Serán peones de un sistema que premia la lealtad sobre la competencia.
El impacto internacional es devastador.
La ONU y Estados Unidos han denunciado el atentado contra la independencia judicial, un mensaje que ahuyenta a inversionistas y pone en riesgo la renegociación del T-MEC en 2026. Dentro de México, más de 500 amparos contra la reforma muestran una resistencia ciudadana que el oficialismo ignora con arrogancia, incluso desacatando resoluciones judiciales.
Este desacato, como señaló el ministro Alfredo Gutiérrez, normaliza la ruptura del orden constitucional, un precedente peligrosísimo.
La elección de 2025 no democratizó la justicia; la secuestró. Fue un ejercicio cínico para concentrar poder, disfrazado de voluntad popular. El pueblo mexicano no necesita jueces electos por una minoría manipulada; necesita un Poder Judicial autónomo que frene los excesos del Ejecutivo y combata la impunidad. Este desastre no solo debilita la democracia, sino que la pone en jaque mate.
Si México no corrige el rumbo, el costo será una justicia al servicio de un solo partido, un país sin contrapesos y una democracia que no merece el nombre, pero quizá ya es demasiado tarde.
