La reciente aprobación de reformas a la Ley de Movilidad en la Ciudad de México para regular scooters y bicicletas eléctricas ha generado un debate necesario, pero también expone las carencias de las autoridades en abordar de manera integral los retos de la movilidad urbana.
Si bien la intención de ordenar el uso de estos vehículos es loable, la ejecución y el enfoque de esta regulación reflejan una visión miope y reactiva que no ataca las raíces de los problemas de movilidad en la capital.
En lugar de construir un marco robusto que fomente la sostenibilidad y la seguridad, las autoridades han optado por medidas punitivas que, lejos de innovar, perpetúan un sistema que prioriza la burocracia sobre las necesidades de los ciudadanos.
La regulación, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, busca controlar el uso de scooters y bicicletas eléctricas en banquetas, limitar velocidades, exigir el uso de casco y prohibir la sobrecarga de pasajeros.
Estos puntos parecen razonables a primera vista, pero su aplicación práctica deja mucho que desear. Las autoridades han ignorado el contexto de una ciudad donde la infraestructura para micromovilidad es insuficiente.
Las ciclovías, cuando existen, son discontinuas, están mal mantenidas o son invadidas por automóviles y peatones. En este escenario, culpar a los usuarios de scooters y bicicletas por circular en banquetas es injusto cuando no se les ofrecen alternativas seguras.
¿Dónde están las inversiones en infraestructura que permitan a estos vehículos circular sin conflictos? La respuesta es clara: brillan por su ausencia.
Además, dicha regulación parece diseñada desde un escritorio, sin considerar la realidad de los usuarios. Los scooters y bicicletas eléctricas han ganado popularidad porque son opciones accesibles y sostenibles frente a un transporte público saturado y un tráfico vehicular caótico.
Sin embargo, en lugar de generar un análisis más profundo sobre las causas que orillan a las y los usuarios de este medio de transporte a tener que moverse de esta forma, para atender las deficiencias y proveer más soluciones y alternativas, se concentran solo en limitar su uso desde el castigo.
Otro aspecto crítico es la falta de diálogo con las empresas de micromovilidad y los propios usuarios. La regulación parece una reacción improvisada a quejas aisladas, sin un análisis profundo de datos sobre accidentes o patrones de uso.
¿Cuántos incidentes reales justifican estas medidas? ¿Se consultó a las plataformas de renta de scooters para diseñar un sistema que equilibre seguridad y accesibilidad? La opacidad en el proceso legislativo sugiere que no. Este enfoque top-down ignora la oportunidad de crear un modelo colaborativo que integre a todos los actores involucrados.
Finalmente, este paso no aborda el problema de fondo: la dependencia del automóvil privado. Mientras las autoridades no inviertan en transporte público eficiente, ciclovías seguras y políticas que desincentiven el uso excesivo de autos, los scooters y bicicletas eléctricas seguirán siendo una solución parche para una ciudad colapsada por el tráfico.
En lugar de castigar a quienes buscan alternativas, el gobierno debería liderar con visión, apostando por una movilidad inclusiva y sostenible. Esta regulación, aunque necesaria, es un esfuerzo a medias que refleja la falta de ambición de las autoridades mexicanas.
La Ciudad de México merece políticas que no solo respondan a problemas inmediatos, sino que construyan un futuro donde la movilidad sea segura, equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Sin un cambio de fondo, seguiremos atrapados en un ciclo de medidas reactivas que no transforman nuestra forma de movernos.
