Empecemos con las definiciones para los que aún no saben lo que son las inversiones ASG. El acrónimo ASG responde a Ambiental, Social y Gobernanza, es decir, son inversiones (vía empresas, fideicomisos, bonos, acciones, etc) que buscan abonar a dichas causas con proyectos específicos y/o cambios en sus estructuras operativas o corporativas con el fin impulsar una mejora en las condiciones actuales respecto al impacto ambiental, la equidad social y las estructuras de gobernanza.
Ahora bien, contrario a la creencia popular, para que una inversión sea considerada como ASG no es necesario que cumpla con las tres letras. Una inversión puede ser ASG y solo cumplir con el componente ambiental, por ejemplo. De hecho, como muchos podrían intuir, la letra que más se “atiende” es la ambiental. Si vemos una radiografía del mercado global de inversiones ASG, lo podemos constatar: durante 2021 se emitieron, globalmente, alrededor de 860 mil millones de dólares en instrumentos ESG (el 10 por ciento de las emisiones de deuda a nivel global), de los cuales el 56 por ciento eran “bonos verdes”, 23 por ciento eran “bonos sociales” y 21 por ciento eran bonos ligados a la gobernanza.
Ahondando un poco más, una empresa en su conjunto no necesita tener una filosofía ASG completamente integrada en su estructura para poder solicitar financiamiento bajo la etiqueta ASG. En este sentido me gustaría puntualizar dos cosas. La primera es la razón o el “propósito” del financiamiento contra la estructura misma de la empresa. Una empresa puede ser percibida como muy contaminante, pero si busca financiar un proyecto “verde” dentro de su estructura (por ejemplo, instalar paneles solares), entonces el financiamiento de ese proyecto podría ser etiquetado como ASG. Permítanme usar el ejemplo de la última emisión de CFE de bonos verdes de 9 y 30 años en mercados internacionales. CFE, empresa muy criticada por no esforzarse a llevar a cabo la transición a energías limpias, pudo colocar (aunque muchos inversionistas lo hayan cuestionado) dichos bonos ya que el dinero iba a ser usado para un proyecto verde. Es decir, si el proyecto a financiar es verde (o social o va dirigido a mejorar la gobernanza), entonces se le puede colgar la etiqueta ASG, aunque la empresa emisora no sea verde (o social o con prácticas robustas de gobernanza).
El segundo punto es el que contrasta los cambios o intenciones de una empresa contra su nivel actual de actuación. Una empresa puede tener un nivel pobre de actuación, y seguir contaminando, pero puede tener un ranking alto de ASG. Esto se debe a que tiene políticas de transición para cumplir, en un lapso determinado, criterios ASG. Mientras más fuerte sea la intención y las políticas en cuestión para que se lleve a cabo el cumplimiento de los criterios ASG, mayor probabilidad de que la empresa en cuestión sea considerada ASG. Bajo este sentido, toparnos con casos que nos generen disonancia cognitiva es inevitable: empresas con altas calificaciones ASG que hoy por hoy siguen siendo contaminantes.
Dado todo lo anterior, hasta para el lector más distraído sería relativamente sencillo encontrar la trampa en la que podrían caer inversionistas y emisores cuando quieren invertir en o emitir instrumentos de inversión ASG. Para ejemplificar vuelvo a recurrir a la emisión de bonos verdes por parte de la CFE. Cito textualmente: “La CFE, -como principal empresa de electricidad en México-, se compromete a utilizar los recursos de la emisión para el financiamiento de proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética”. ¿Puede el lector encontrar las palabras clave en dicho extracto que nos pueden hacer caer en la trampa de invertir en ASG? Correcto. Las palabras clave son “Se compromete”.
Vivimos en una época en donde “la palabra” y “el compromiso” son activos muy devaluados. No es suficiente comprometerse. En nuestra época es necesario auditar. No es casualidad que, así como las inversiones ASG han ido creciendo en popularidad, las preocupaciones de greenwashing (hacer pasar una inversión común como si fuera ASG) también.
Y yendo un paso más allá, aún mejor que auditar, lo ideal es que todo el proceso de seguimiento y cumplimiento lo lleve un tercero al interior de un Fideicomiso, con penalizaciones claras por no cumplir con lo convenido al momento de solicitar el financiamiento (emitir bonos o acciones). En este sentido, Europa se encuentra a años-luz del resto del mundo. Muchas de las emisiones europeas se hacen a través de estos fideicomisos que auditan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el emisor, y de no hacerlo, el emisor podría incurrir en diversos castigos, como: prepagos acelerados, mayor tasa al inversionista, captura de los remanentes del proyecto, entre otros. En este sentido, esta es una de las formas más eficientes de hacer valer las obligaciones contraídas, evitar el greenwashing, y alinear incentivos.
En México aún estamos lejos de este escenario. En el ejemplo de la CFE, “el compromiso” se agradece, pero no es suficiente, y la crítica debería ir dirigida hacia allá y no hacia que una “empresa sucia” emita bonos verdes. Eso ya se dejó claro en párrafos anteriores que sí es posible hacer. La crítica debería ir hacia la falta de mecanismos para hacer cumplir dichos compromisos. La transición hacia un cumplimiento universal de criterios ASG va empezando y el camino aún es largo, por lo que no podemos penalizar a quienes están queriendo dar los primeros pasos, sin embargo, con ese beneficio de la duda que hay que darles, tienen que venir también estructuras de cumplimiento que permitan que el inversionista se sienta cómodo y protegido ante un emisor de palabra fácil y con problemas de memoria de corto plazo. Justo ahí debe concentrarse el esfuerzo para evitar caer en la trampa de las inversiones ASG.
*Luis Gonzalí es CFA, vicepresidente y co-director de Inversiones en Franklin Templeton México
