Durante la sesión del 24 de junio pasado, en que se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, los diputados Federico Döring Casar, del PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, se enfrascaron en un debate en donde salió a relucir Francisco García Cabeza de Vaca.
El petista dijo que, cuando los panistas no son gobierno gritan militarización y cuando están en el poder suplican la intervención del Ejército, “imploran” su presencia en los estados que gobiernan y su modelo ideal de seguridad se llama García Luna: “Hipocresía pura”.
La respuesta del panista giró en torno a una petición de colaboración, que le hizo el entonces Subsecretario de Seguridad a García Cabeza de Vaca, para vincular a proceso a un narcotraficante.
Mejía Berdeja le reviró diciendo que Cabeza de Vaca vive en McAllen, Texas, porque tiene una orden de aprehensión en México y que, si ha logrado evadir la acción de la justicia, es gracias a la “argucias de jueces”.
Dos semanas después, Federico Döring Casar y la diputada panista, Paulina Rubio Fernández, presentaron una iniciativa para modificar los artículos 463 Ter y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ambos artículos se relacionan con el procedimiento sancionador, a cargo del INE, en materia de violencia política en razón de género, particularmente de las medidas cautelares y de reparación, así como de la propaganda electoral que raye en la calumnia.
Proponen ablandar las medidas de reparación, cuando la VPG provenga de personas sin militancia partidistas, que no sean candidatas ni funcionarias, o bien, que ejerzan el periodismo, evitando la censura.
Igualmente, proponen que el ejercicio periodístico no se considere calumnia electoral, sino libertad de prensa, salvo que se derrote la presunción de licitud de su actividad periodística.
Resulta inaceptable cualquier regresión al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, so pretexto de una ciudadanía “pura” o en aras de la libertad de expresión, como lo propone la iniciativa del PAN presentada el 9 de julio en la Comisión Permanente.
Al contrario, se requiere fortalecer su tutela, para evitar casos como los de Sonora y Tamaulipas, que señala la iniciativa, ejerciendo el periodismo con perspectiva de género.
