Cuando el 8 de diciembre de 2014, Herminio Garza Palacios, en su calidad de Secretario General de Gobierno, remitió la iniciativa en materia de derecho a la identidad, suscrita por el mandatario Egidio Torre Cantú, jamás imaginó el derrotero que tomaría esta asignatura.
Dirigida a Eduardo Hernández Chavarría, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, la iniciativa cumplía con el mandato de armonización ordenado por la reforma a la Carta Magna, publicada el 17 de junio de 2014.
Con dispensa de trámite, fue aprobada por Erasmo González Robledo, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ricardo Rodríguez Martínez y demás integrantes de la LXII Legislatura, y el Decreto 388 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de diciembre de 2014.
Así, en buena hora, el derecho a la identidad quedó consagrado en la fracción VII, del artículo 17, de la Constitución Política local.
Pero, con el visto bueno de Francisco García Cabeza de Vaca, la bancada del PAN en la LXIII Legislatura, decidió manosear este tema con una iniciativa presentada el 29 de octubre de 2018.
María de la Luz del Castillo Torres, de MORENA, votó en contra del dictamen aprobado por Luis René Cantú Galván y demás integrantes de las bancadas del PAN, PRI, MC y PANAL, para incorporar a la Constitución Política local el artículo 17 Ter.
Vigente desde el 12 de diciembre de 2018, el Decreto LVIII-535 instruyó la creación del “Instituto Estatal de Protección a la Identidad”, con autonomía constitucional, integrado por tres “Comisionados” y con la responsabilidad de expedir la “cédula estatal de identidad”.
En la parte transitoria, se estableció un término de 120 días naturales para aprobar la ley de la materia y de 60 para que el Congreso del Estado, designara a las y los comisionados del instituto.
Tres años y diez meses después la infracción constitucional sigue vigente, pues ninguna de las dos instrucciones se ha cumplido, al igual que las giradas a Lourdes Arteaga Reyna, Mario Soria Landero y Miguel Villarreal Ongay, para dar vida al instituto.
Dejando como alma en pena, al Decreto LXIII-535, que busca cobrar vida o al titular de una curul que le aplique la eutanasia jurídica.
