La creación del Comité de Inversiones para Nearshoring, como parte estructural del Plan México —anunciado por el Consejo Coordinador Empresarial y respaldado por diversas instancias gubernamentales— constituye un paso institucional significativo para el desarrollo industrial del país. Su instalación reconoce que la relocalización de cadenas productivas no puede consolidarse sin un andamiaje jurídico funcional que asegure certeza normativa, coordinación intergubernamental y respeto a los derechos económicos y sociales asociados al proceso inversor.
El Comité operará sobre cinco ejes estratégicos: infraestructura, energía, financiamiento, capital humano y normatividad. Este último adquiere particular relevancia, al implicar no solo la revisión de los marcos regulatorios existentes, sino su adecuación a una lógica de competitividad sustentada en la legalidad. La atracción de inversiones exige que México proporcione a los actores internacionales reglas claras, procesos administrativos eficaces y jurisdicciones previsibles que generen confianza y reduzcan la discrecionalidad institucional.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el potencial económico del nearshoring podría traducirse en inversiones superiores a los 35 mil millones de dólares en los próximos años. Este volumen presupone una presión significativa sobre los órganos reguladores en todos los niveles de gobierno. En este contexto, se impone la necesidad de construir un marco normativo coherente con la magnitud del desafío: procedimientos expeditos, licencias alineadas con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como políticas públicas compatibles con el T-MEC y con los acuerdos multilaterales en vigor.
El ámbito laboral representa uno de los pilares más sensibles en esta nueva etapa. La instalación de nuevos complejos industriales bajo esta estrategia deberá observar puntualmente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en especial aquellas derivadas de la reforma en materia de libertad sindical, justicia laboral y subcontratación. El respeto a estos principios no solo es un imperativo legal, sino también un requisito fundamental para asegurar condiciones de trabajo dignas y sostenibles que contribuyan a la cohesión social en las regiones receptoras de inversión.
A su vez, la participación de centros educativos, tecnológicos y de formación profesional plantea nuevas responsabilidades en términos de capacitación certificada, movilidad del talento y promoción de políticas de inclusión. La conexión entre empresas, universidades e institutos tecnológicos deberá fortalecerse con esquemas que garanticen la actualización constante de competencias y el respeto a los principios de no discriminación, previsión social y desarrollo humano integral.
El nearshoring también exige que las empresas beneficiarias acrediten estándares elevados en prevención de riesgos legales, sostenibilidad ambiental y cumplimiento regulatorio. No basta con instalar fábricas o plantas de ensamblaje: el país requiere un modelo de atracción de inversiones que priorice la transparencia, el Estado de derecho y la fiscalización efectiva de los compromisos adquiridos. En este sentido, la institucionalización del Plan México, en tanto plataforma para canalizar inversiones, solo será eficaz si se acompaña de mecanismos legales robustos, rendición de cuentas sistemática y sanciones disuasorias ante el incumplimiento.
La experiencia internacional ha demostrado que el éxito de las políticas de relocalización no depende exclusivamente de ventajas geográficas o mano de obra barata, sino de la calidad y consistencia del entorno jurídico que las respalda. México no puede limitarse a ofrecer estímulos fiscales o facilidades logísticas; debe consolidar un ecosistema regulatorio integral que asegure la ejecución efectiva de los proyectos, minimice las externalidades negativas y preserve la equidad ante el desarrollo.
El reto, entonces, no es solo atraer inversiones, sino transformarlas en motores de crecimiento justo, sostenible y legal. El Plan México representa una oportunidad histórica para dar ese paso, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional del país para traducir compromisos públicos en realidades verificables. De ello dependerá, en gran medida, que el nearshoring sea más que una tendencia pasajera: una verdadera política de Estado que impulse la transformación productiva nacional con reglas claras y beneficios compartidos.
Jorge León Orantes
Experto en Fusiones, Adquisiciones y Asesoría Corporativa de Santamarina y Steta
