Impecable el discurso de la ministra NORMA PIÑA al presentar su segundo informe, con el que desnudó los manejos de la CuatroTé para controlar el Poder Judicial Federal al señalar: “Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver, con claridad, cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema Corte y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de tres años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional. No se propuso entonces una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas”.
Señaló que los intentos de injerencia sobre la Corte llegaron al extremo de incluir dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021, a través de una reserva, saltando el proceso legislativo y violentando la Constitución, la extensión de mandato del (“tapete”) presidente anterior de la Corte, que no lograron y les molestó de más.
Cuando la SCJN recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo, y se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, los medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de los jueces, sin nunca presentarse prueba alguna.
El primer gran enfrentamiento fue por la resolución de la SCJN el caso relativo a la Guardia Nacional, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la SCJN, a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ataques que ahora Sheimbaum niega.
Más grave fue cuando se analizó el decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que López denominara prioritarios. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales.
El mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este Decreto, horas más tarde López publicó otro acuerdo reiterando el “escudo de seguridad nacional”, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal.
Cada vez que la SCJN resolvía uno de esos casos, los ministros que votaban en contra de lo que el gobierno percibía como contrario a su proyecto político, fueron acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros. Todo ello simplemente por ejercer su función como jueces constitucionales.
El resultado ya todos lo conocemos, vamos hacia un precipicio sin fondo en materia judicial, todo por una venganza de quien sigue mandando en el país: MALO.
