Un gran cuento resulta ser la famosa CURP BIOMÉTRICA que tendremos que tener todos los mexicanos próximamente, ya que para evitar Juicios de Amparo inventaron que no será obligatoria y solo se expedirá cuando el ciudadano la solicite, solo que obligadamente será necesaria como identificación oficial e incluso, según lo comentan fuentes bien informadas, será uno de los requisitos para poder seguir gozando de las pensiones de Bienestar, contratar servicios con las instituciones bancarias, incluyendo lógicamente cuentas de cheques o tarjetas de crédito e inclusive para contratar una línea de telefonía celular, verificación de identidad en tramites gubernamentales, viajar, realizar compras, ejercer el derecho al voto e incluso acceso a servicios públicos y plataformas digitales, obligando a cualquier ente público y privado a solicitarla.
No obstante, lo anterior, la ley señala que es universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital, esto a pesar de que muchos funcionarios públicos insisten en que es voluntaria su obtención, lo que denota como siempre que ni siquiera le dan una leída a lo que promulgan o votan.
Peo además la necesidad de implementarla en México nace de la solicitud del presidente Trump pidiendo los datos de los mexicanos que esta contendrá para ser utilizados en temas de inteligencia del gobierno americano, datos que ni ellos recopilan. De ser entregada esa información por parte de la presidente incurriría no solo en un delito grave, sino que además estaría traicionando la confianza de los mexicanos.
Su implementación desaparecerá la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, controlada por un Instituto que al menos en el papel aún es ajeno al gobierno, aunque en realidad ya es una oficina de la presidencia, y toda la información altamente sensible de las personas estará en manos de la Secretaría de Gobernación, situación que como ciudadanos nos da terror, ya que implica un gran riesgo de un mal manejo de nuestros datos sensibles, eso sí, mal redactado, pero establece sanciones de entre 10 mil a 20 mil Umas a quien incumpla algunas obligaciones.
Lamentablemente por experiencia podemos afirmar que el gobierno no sabe proteger sus bases de datos y menos esta que contendrá información sensible de más de 130 millones de mexicanos, ¿Cómo y dónde van a proteger esos datos? ¿Qué garantía tiene el ciudadano que no van a ser objeto de actos de piratería o incluso de negocio de algún funcionario? Recordemos que las administraciones de Morena son tan ineficientes que tanto Pemex como la CFE y la Secretaria de Economía fueron, como se dice coloquialmente, hackeadas por no pagar las licencias de programas de protección, perdiendo información súper importante sin que hasta la fecha se haya encontrado culpable alguno. Hace poco se podía comprar en el mercado negro el padrón electoral del INE y de registros oficiales te vendían los números telefónicos de todas las líneas para publicidad electoral, incluso segmentadas hasta por colonia o código postal ¿Quién responderá y cómo de una filtración de esas de esta enorme base de datos?
Dudo que esta medida sea en realidad algo bien pensado, ya que además de lo peligroso para el ciudadano, la plataforma debe estar en funcionamiento en tres meses, cosa imposible de lograr. Y usted amigo lector, cree que los delincuentes van a acudir en masa a registrar sus huellas digitales, su Iris y su fotografía? ¿Algún desaparecido la tramitará?
Dice que este trámite será útil para localizar personas desaparecidas, lo cual será cierto solo años después de su implementación, que se evitará robo de identidad, pero si se puede entrar a la información de la base de datos será más fácil suplantar a las personas. Debemos ser realistas, este documento será solo un eslabón más de la cadena de control político en un estado policial, o más bien militarizado, que busca Morena para perpetuarse en el poder, la desaparición de los organismos autónomos, el control de la Suprema Corte, desaparición de jueces autónomos, geolocalización sin necesidad de autorización judicial, control del INE, desaparición del INAI, desaparición del Coneval, censura a medios de comunicación y a periodistas, prisión preventiva oficiosa, cientos de millones de pesos en compras de equipos antidisturbos, etc. Nos lleva a pensar que seremos sujetos a una vigilancia masiva por temas políticos casi similar a la de China ¿Con que objeto? Seguridad, ¡No lo creo!
