No todas las elecciones son iguales. Algunas pasan sin mayores sobresaltos. Otras, en cambio, se convierten en verdaderas pruebas de resistencia institucional. La del 1º de junio de 2025 fue eso y más: un momento en que la democracia mexicana exigió lo máximo, y el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió con todo lo que sabe hacer y todo lo que es.
Nunca antes se había llevado a cabo una elección judicial de esta magnitud en el país. El mandato era claro: organizar, con plena legalidad y certeza, un proceso para elegir 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hicimos en tiempo, con transparencia y con el respaldo de millones de ciudadanos que, como siempre, fueron el corazón de esta jornada histórica.
El reto no fue menor: hasta 39 decisiones por votante en un mismo ejercicio democrático. Lo que algunos vieron como una amenaza al orden y la claridad, el INE lo asumió como un llamado a innovar. Se diseñaron boletas inéditas, sistemas de cómputo nuevos, protocolos especiales y una capacitación sin precedentes. Y frente a la complejidad, elegimos la certeza.
Porque el INE no improvisa. Planea, consulta, mejora. Escucha y decide. Siempre con apego a la ley.
Sabemos que, cuando el ruido político no encuentra eco en los hechos, suele buscar refugio en la sospecha. E incluso en la diatriba. Por eso resulta tan importante reiterar que todos los incidentes detectados fueron atendidos conforme a los principios que rigen nuestra labor. Las 818 casillas que presentaron irregularidades -apenas el 0.97% del total-, fueron anuladas. En la elección para la Suprema Corte, se invalidó solo el 3.23% de los votos. No se maquillaron cifras. No se omitieron datos. Lo que no cumplió con la legalidad, no se sumó.
Se ha querido reducir este ejercicio monumental a un solo concepto: “los acordeones”. Pero ni hubo distribución sistemática, ni evidencia de impacto determinante. Lo que sí hubo fue una rápida reacción institucional, inmediata canalización de denuncias y apertura total, para que las autoridades que deben investigar, investiguen. El INE no encubre, actúa.
También se ha buscado instalar una narrativa de nulidad. Sin embargo, los márgenes legales no permiten una conclusión tan apresurada: para invalidar una elección, se requiere que al menos una quinta parte de las casillas estén comprometidas. No es el caso. Pretenderlo sería forzar la ley a voluntad de unos cuantos.
En esta elección, la ciudadanía cumplió: participó, observó, exigió. Y el INE respondió con hechos, no con discursos. Con datos, no con adjetivos. Con procesos confiables, no con especulaciones.
La historia no se forja desde la estridencia ni desde los titulares. Se construye con hechos. Con instituciones que saben estar a la altura. Y este Instituto Nacional Electoral —con toda su experiencia, con todo su equipo técnico, con su convicción democrática— volvió a estar a la altura del país.
Seguiremos mejorando. Seguiremos escuchando. Pero lo que no haremos, es permitir que el esfuerzo legítimo de millones sea borrado por el ruido político.
La democracia mexicana sigue su marcha. Y mientras esa marcha continúe, el INE estará ahí. Con experiencia, transparencia, y compromiso renovado.
*Consejera presidenta del INE
