No los localizaron, regresaron. Los primos reportados como desaparecidos hace diez días volvieron a sus hogares después de múltiples marchas y exigencias sociales por su aparición con vida, y ya están con sus familias, pero hay que poner en perspectiva no las circunstancias de su ausencia voluntaria, como lo han señalado las autoridades, sino las de su localización.
Ni Elena Janetzy ni Kevin Ulises fueron encontrados por los más de cien elementos desplegados en operativos de búsqueda, según informó la Fiscalía. Ella se comunicó con su madre por teléfono y le dijo que estaba en Tomatlán; y él llegó a su casa por sus propios medios. Ambos, aparentemente, se encuentran en buen estado de salud.
Pero ese no es el caso de otras tantas víctimas de desaparición, por las que no se implementan acciones de esa magnitud. Son sus familiares quienes tienen que empezar las investigaciones e informar avances a las autoridades, cuando tendría que ser al revés; y son los colectivos los que han tenido que aprender mecanismos para ubicar puntos de inhumación clandestina para dar con sus seres queridos.
Ese activismo surge de la necesidad y desesperación ante la ineficiencia de las estrategias de gobierno para combatir la crisis de desaparecidos que se niegan a reconocer, a pesar de que en los últimos 12 años se han reportado 12 mil de los 15 mil casos que se cuentan en total en Jalisco.
Si bien pueden maquillar cifras y lanzar comunicados semanales de acciones de búsqueda de personas, el gobierno no puede ocultar el hartazgo social, y es ahí donde recurren a la represión, como ocurrió el pasado miércoles en López Mateos, cuando dos personas fueron detenidas mientras intentaban cerrar la avenida para reclamar la localización de su familiar. Bajo el argumento de garantizar “el libre tránsito” a los automovilistas, los oficiales violaron el derecho a la manifestación, lo que revela la falta de empatía y sensibilidad hacia las familias de desaparecidos.
Las autoridades deben priorizar el acompañamiento a las personas que se arriesgan todos los días para hacer el trabajo que no pueden hacer por sí mismas, reconocer la importancia de los colectivos y darles su lugar, en vez de condicionar y reprimir las manifestaciones. Hay una gran deuda que saldar con las víctimas y la sociedad está obligada a vigilar que se pague, para que ya no nos falte nadie por localizar.
