Esperar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declare que hubo un fraude electoral en Ecuador es esperar que el árbitro comprado pite en contra del equipo que lo compró; no sólo porque se trata de una institución cooptada por el Gobierno de Daniel Noboa, al igual que otros poderes del Estado, sino porque el fraude se cometió durante todo el proceso electoral.
El fraude no tiene que ver únicamente con la manipulación de las actas, muchas de ellas subidas y aceptadas por el sistema del CNE sin firma del presidente ni del secretario de la junta, entre otras irregularidades. El fraude también tiene que ver con cualquier forma de manipulación del proceso electoral que distorsione la voluntad popular, tal y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A Luisa González, candidata de izquierda, y Daniel Noboa los separaban solamente 16.000 votos durante la primera vuelta; una elección tremendamente polarizada en la que los otros candidatos participantes no superaron juntos el 6%. En una elección presidencial con dos vueltas, lo normal es que los candidatos que pasan a segunda vuelta aumenten sus votos. ¿Por qué? Porque solo quedan dos opciones; los votos nulos y blancos tienden a disminuir; y hay mayor presión para participar. ¿Cómo una diferencia de 16.000 votos puede traducirse en más de un millón de votos para Noboa, respecto a la primera vuelta, en comparación con los 160.000 votos adicionales que recibió Luisa González? Vale la pena resaltar que todas las encuestas, incluso las del propio Daniel Noboa, hablaban de prácticamente un empate técnico.
¡Un fenómeno político, el tipo! Conquistó todos los votos del resto de candidatos, incluyendo los de Leonidas Iza, representante del movimiento indígena, quien ocupó el tercer lugar en primera vuelta, con más de 500.000 votos, y realizó una alianza con Luisa González. También a indecisos y nulos; y además se llevó votos de la izquierda. ¡Es todo un conquistador! Los números simplemente no dan, y cuando no dan es porque alguien los manipuló.
Pero hablemos del resto del proceso electoral. Daniel Noboa nunca solicitó licencia para ser candidato, como lo establece la Constitución, y el CNE simplemente miró para el otro lado. En lo que va de 2025, en plena campaña, siendo presidente y candidato a la vez, Daniel Noboa anunció 14 nuevos “beneficios”, entre becas, bonos, pagos e incentivos para varios sectores de la población, que costarán al Estado más de USD 518 millones. ¿Beneficios o compra de votos en vivo y en directo para emprendedores, jóvenes y adultos sin trabajo, militares y policías, familias afectadas por derrames de petróleo y por el invierno —que su Gobierno no atendió— y hasta para compra de vivienda? El chiste se cuenta solo; estamos hablando de transferencias anunciadas hasta por un periodo de seis meses.
Hasta la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), a quien no precisamente se puede señalar de aliado de la izquierda en la región, mostró “preocupación por los indicios sobre el mal uso de recursos públicos durante la campaña para las elecciones en Ecuador”.
Adicionalmente, Noboa, a través de las autoridades electorales, inhabilitó al tercer candidato en la contienda, Jan Topić, al considerarlo un peligro para su campaña, sin contar con la persecución política contra miembros de la Revolución Ciudadana como Pabel Muñoz, alcalde de Quito, o Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Ni hablar de la violencia ejercida de manera sistemática contra Luisa González, una candidata mujer en un país profundamente patriarcal.
En medio de la campaña, Noboa también decretó un estado de excepción en varias provincias, incluida Quito, argumentando razones de seguridad ante el aumento de la violencia, de la que él es responsable por su inacción, torpeza y entreguismo. Esta medida, que incluyó toques de queda, se trató de una estrategia para limitar las actividades proselitistas de la oposición.
Por supuesto que la campaña de la Revolución Ciudadana también cometió errores que fueron bien aprovechados en la campaña del miedo emprendida por Noboa, y magnificados por varios medios de comunicación, como rumores, sacados ampliamente de contexto, sobre desdolarización y audios extraídos ilegalmente del teléfono de un funcionario, que alimentaban el fantasma de la corrupción que durante años ha perseguido al correísmo, de la mano del lawfare, en contubernio con el poder judicial.
Noboa desplegó una campaña sumamente agresiva, centrada en sembrar el temor de que, si el correísmo regresaba al poder, el país enfrentaría una catástrofe económica y de seguridad, o hasta la vieja confiable de que “se volvería Venezuela”, aunque los números del Gobierno de la Revolución Ciudadana reflejan las mejores etapas de prosperidad y seguridad del país. Fue una estrategia basada en el terror, de un país sumido en la inseguridad como el más violento de la región, después de ser el segundo más seguro del continente.
El fraude no fue un hecho aislado ni un momento puntual en el conteo de votos: fue una estrategia estructural, orquestada desde el poder para garantizar la permanencia del régimen de Daniel Noboa. No se trató solo de irregularidades técnicas, sino de una manipulación política sistemática del proceso democrático, en todas sus etapas: desde la inscripción de candidaturas hasta la coacción institucional, mediática y económica durante la campaña.
Lo que se vivió en Ecuador no fue una elección limpia, fue una operación de Estado para impedir que un proyecto político de izquierda, que sí demostró resultados, volviera a gobernar. Lo hicieron con el poder del dinero, con el miedo como arma, y con el silencio cómplice de los medios y con instituciones capturadas.
