En Ecuador, el incremento abrupto del diésel, de 1,80 a 2,80 dólares por galón, es una muestra evidente de cómo se aplican en la práctica las recetas de los organismos financieros internacionales. En plena crisis nacional, Daniel Noboa decidió sacrificar, otra vez, el bolsillo popular para satisfacer al FMI y a los acreedores externos. Lo que en el discurso oficial se vende como un supuesto “sinceramiento de precios” —ese viejo y conocido eufemismo de la derecha latinoamericana para justificar recortes y alzas— es, en realidad, la continuidad de un modelo de ajuste que golpea a las mayorías mientras garantiza los compromisos con Washington.
El FMI ha demostrado que no presta dinero: compra soberanía, y cada aumento de combustibles, cada recorte social, es la factura que los pueblos terminamos pagando por esa pérdida de autonomía. Que el alza se haya decretado justo después de la visita de Marco Rubio a Quito es la señal más evidente de que la política del Ecuador se decide en Miami, donde nació el junior presidente, y no en Carondelet, supuesto epicentro del poder ecuatoriano.
Noboa prometió en campaña que no tocaría los precios de los combustibles, y es precisamente el incumplimiento de esa promesa, entre otros factores, lo que ha desatado las movilizaciones actuales. Estas protestas evocan la memoria reciente del estallido social contra Lenín Moreno en 2019, cuando el mismo argumento del “sinceramiento” intentó legitimar la eliminación de subsidios y encendió a todo el país. La movilización ha continuado porque los últimos gobiernos, de Moreno, Lasso y ahora Noboa, han gobernado de espaldas a las necesidades de la gente, beneficiando siempre a las élites económicas y políticas. Noboa, heredero y representante de esa clase privilegiada, encarna la profundización de ese modelo. Sin embargo, si la derecha repite la receta, los pueblos también repiten la resistencia.
La respuesta de Noboa a la protesta popular no fue abrir un diálogo real ni asumir el costo político de gobernar de rodillas al Tío Sam, sino lanzar una Asamblea Constituyente mediocre que solo busca restarle controles al poder Ejecutivo, al mejor estilo de Nayib Bukele. Una maniobra de distracción y concentración de poder para atender la agenda del ajuste. Por supuesto, además de poner militares en las calles para reprimir al pueblo ecuatoriano y apresar a líderes sociales.
Este patrón no es nuevo en América Latina. El endeudamiento con el FMI funciona como un círculo vicioso: se contrae un préstamo para pagar la deuda anterior, se imponen condicionalidades que obligan a recortar gasto social, se deteriora la economía real y se vuelve a recurrir al mismo organismo en un ciclo interminable de dependencia. La deuda, más que un mecanismo financiero, se convierte en un dispositivo político, a la vista de todos y todas, para disciplinar a los gobiernos y domesticar a los pueblos.
Mientras tanto, del otro lado del continente, en Nueva York, Javier Milei agradecía efusivamente a Donald Trump tras su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, un gesto que revela el alineamiento absoluto del gobierno argentino con la agenda de la ultraderecha estadounidense.
Argentina ya no puede acceder a nuevos préstamos del FMI —el propio organismo reconoce la insostenibilidad de su deuda—, y por eso Trump aparece como oferente directo de recursos, con la “buena voluntad” que lo caracteriza, aunque lo haya negado públicamente mientras el Departamento del Tesoro hace los ofrecimientos. Luis Caputo, ministro de Economía, celebró la reunión como “impresionante”, seguido de un “Argentina será próspera”, confirmando que el modelo económico de su país depende más de la bendición del presidente estadounidense que de la soberanía de su pueblo.
Al igual que en Ecuador, el gran problema no es solo el endeudamiento, sino que gobiernos como el de Milei y Noboa gobiernan siempre mirando al norte del continente, entregando el país a los fondos de inversión, al capital financiero y a las élites de siempre, mientras condenan a las mayorías a un ajuste sin fin.
Ecuador y Argentina son escenarios distintos, pero con la misma matriz de gobiernos que justifican el sacrificio social como parte del “orden” exigido desde afuera y supuestamente necesario. La protesta ecuatoriana y el servilismo argentino frente a Trump son dos caras de la misma moneda: el precio del entreguismo.
