La filtración de los audios del excanciller Álvaro Leyva no sólo revela una gran fractura política al interior del gobierno colombiano, sino la posibilidad tácita de un intento de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, denunciado por él mismo desde el inicio de su mandato. También es profundamente sintomática de una oligarquía que, aún en pleno siglo XXI, sigue creyendo que el Estado es hereditario, que el poder les pertenece por derecho de cuna y hasta de sangre, y que cualquier proyecto político que no les obedezca es ilegítimo por definición.
En los audios se escucha a Leyva, figura “histórica” del establecimiento colombiano, hablar con completo descaro sobre la caída de Petro, sugiriendo alianzas, escenarios y apoyos que rebasan el marco constitucional. No se trata de diferencias ideológicas legítimas ni de crítica política, sino de una conspiración para derrocar al primer gobierno progresista elegido por el pueblo colombiano.
La idea de que actores nacionales puedan buscar el respaldo de gobiernos extranjeros y de candidatos presidenciales para tumbar a un presidente democráticamente electo es una traición al mandato popular y una evidencia del menosprecio a su propia patria. También es una señal de hasta qué punto algunos sectores de la élite prefieren ver al país arder antes de permitir que cambie.
Así se refleja, por ejemplo, en la reacción de ciertos medios de comunicación; mientras las cartas personales de Leyva en las que acusaba a Petro de drogadicto fueron cubiertas hasta el exceso, los audios de la conspiración contra el presidente apenas han recibido atención. La desproporción en la cobertura no es casual, sino una expresión de esa complicidad estructural del sistema mediático con las élites que no toleran un gobierno de izquierda. La verdad es incómoda cuando revela lo que muchos prefieren callar: que la democracia colombiana está condicionada por quienes siempre han detentado el poder.
Pero volvamos a lo más alarmante, a lo que este episodio confirma de forma brutal: en Colombia, si la izquierda gana democráticamente, no tiene certeza de que podrá gobernar. La victoria en las urnas no garantiza la posibilidad de ejercer el poder. A la izquierda se le exige una pureza imposible, se le niega el margen de maniobra que sí se concede a los gobiernos conservadores, y se le bloquea sistemáticamente desde los aparatos del Estado, los medios de comunicación y las élites económicas.
Gustavo Petro lo advirtió desde el principio. Desde antes de su posesión, denunció públicamente que había sectores trabajando para impedir que su gobierno fuera viable. Muchos lo acusaron de exagerado, de paranoico, de victimizarse, de armar cortinas de humo, pero los hechos le han dado la razón. No estaba equivocado. El sabotaje ha sido sistemático, y los audios de Leyva son solo la prueba más evidente y más escandalosa de que hay quienes nunca aceptarán que es el presidente.
No es la primera vez que se agita el fantasma de la desestabilización en Colombia. Desde el primer día, el Gobierno de Petro ha enfrentado una ofensiva sin tregua del poder económico, mediático, judicial y político —que en ocasiones es uno mismo—; ya lo decía el presidente colombiano cuando advertía que llegaba al gobierno, pero no al poder. Los audios de Leyva hicieron explícito lo que se venía susurrando en los pasillos del poder, y lo hacen con la naturalidad de quien cree que derrocar un gobierno de izquierda es parte legítima de ese juego.
La gravedad de estos hechos exige una reacción firme. No se puede normalizar que exfuncionarios y funcionarios de alto nivel hablen de golpes de Estado como si fueran soluciones propias del ejercicio político. No se puede tolerar que la institucionalidad guarde silencio ante un intento de ruptura del orden democrático, y no se puede permitir que la historia se repita en Colombia, como se ha repetido en América Latina, con presidentes destituidos, perseguidos, derrocados o asesinados por atreverse a gobernar para las mayorías.
Lo que está en juego es mucho más que la figura de Gustavo Petro. Nuevamente está en riesgo el principio democrático más básico: que quien gana las elecciones pueda gobernar. Si la caída de un presidente se trama en reuniones privadas, incluso desde otro país; si se normaliza la idea de un golpe "blando"; si un periódico habla de “gestionar la salida de un presidente” porque no puede titular golpe de Estado con todas sus letras; si la clase política dice denunciarlo solo de dientes para fuera, entonces el país habrá cruzado, de nuevo, una línea muy peligrosa.
Frente a esta amenaza, no basta con la denuncia: se necesita una respuesta política y social que esté a la altura del momento histórico. El pueblo debe cerrar filas y rechazar con contundencia cualquier intento de regresión autoritaria, porque está clarísimo que las élites, como siempre, no lo harán. Si Colombia quiere dejar atrás la violencia política, la exclusión histórica y el autoritarismo disfrazado de legalidad, debe construir nuevas reglas del juego, impulsadas, por supuesto, desde el pueblo: más transparentes, más justas, más democráticas; reglas que garanticen que ningún poder fáctico, por poderoso que sea, pueda secuestrar la voluntad popular. A uno puede gustarle o no Gustavo Petro, pero defender la idea de un golpe de Estado va contra cualquier principio democrático.
