Por mucho tiempo, la violencia de género ha estado normalizada en las instituciones de educación superior. Las mujeres en las universidades son constantemente víctimas de acoso, hostigamiento, violación y todo tipo de violencias sexuales por parte de profesores y alumnos, con la anuencia tácita de las autoridades, que miran hacia otro lado y que se escudan tras el discurso de que en los espacios universitarios imperan, por definición, los valores de la cultura, el humanismo, la ética, la libertad y la igualdad.
Lo cierto, es que las mujeres en todo el mundo han salido a denunciar que las universidades no son espacios libres de violencia. Lejos de ello, prevalece una cultura de tolerancia a múltiples formas de violencia sexual, desde el acoso, los chantajes digitales, la intimidación, las humillaciones, e incluso la violación, que ocurren con la anuencia silenciosa de toda la comunidad.
Esta realidad ha salido a la luz gracias al activismo de los movimientos feministas y se ha visibilizado a través de las redes sociales, las manifestaciones públicas, así como con la instalación de tendederos, como medio de expresión y denuncia contra los agresores.
La respuesta de las instituciones educativas a este clamor de las mujeres por la igualdad y la justicia ha sido inconsistente y se ha quedado, muchas veces, en el mero discurso. No todas las universidades han mostrado un compromiso real con la igualdad de género ni han dado pasos decisivos para desterrar las prácticas arraigadas que perpetúan la discriminación y la violencia. Por el contrario, en algunas instituciones hay una reticencia a reconocer la existencia del fenómeno y a abordarlo en forma integral. Persiste una tendencia a abordar los episodios de violencia de género como hechos aislados y no como consecuencia de los patrones de comportamiento sexista que forman parte de la cultura institucional.
La violencia sexual y de género en los contextos universitarios, como en casi todos los espacios de la vida social, tiene una condición estructural, sustentada en los estereotipos de género y en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que imperan en la organización académica. Por ello, para hacerle frente, se requiere de respuestas integrales y funcionales que destierren las prácticas sexistas, lo cual exige la incorporación transversal de una perspectiva de género en todos los procesos institucionales.
Por supuesto, la implementación de protocolos y el establecimiento de mecanismos de investigación y sanción eficaces, resulta indispensable. Es necesario atacar los factores que obstaculizan la denuncia y que orillan a las mujeres a guardar silencio. Pero, además, tales esfuerzos deben ir acompañados de políticas más amplias de prevención y capacitación que promuevan un entorno respetuoso, seguro e igualitario entre todos los miembros de la comunidad.
No basta con las buenas intenciones. Las universidades deben asumir plenamente la obligación que tienen, por un lado, de erradicar las prácticas violentas y discriminatorias en sus espacios, y por otro, de contribuir a que las nuevas generaciones de profesionistas que se han comprometido a formar sean capaces de vencer los prejuicios y sesgos de la sociedad sexista en la que han crecido.
Las instituciones educativas tienen una responsabilidad y un papel fundamental en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia. Debemos exigirles que se constituyan en espacios seguros, en los que las mujeres sean verdaderamente libres de forjar su plan de vida y en los que empiece a germinar la semilla de un mundo en el que las relaciones entre hombre y mujeres se definan por la igualdad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la reciprocidad y la no violencia.
