El próximo 1 de septiembre tomará posesión la nueva integración electa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello se abre un capítulo inédito en la historia constitucional del país: queda atrás una Corte aislada, autocomplaciente y confrontativa, y se inaugura la oportunidad de construir una justicia más cercana, sensible y comprometida con las necesidades del pueblo.
Durante los últimos años, la vieja integración confundió independencia con militancia partidista. Hizo de la confrontación con el Ejecutivo su bandera, se refugió en alianzas con grupos opositores y convirtió a la “defensa de la democracia” en un pretexto para frenar transformaciones que contaban con amplio respaldo popular. La Corte dejó de ejercer su papel como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, generando desconfianza y alejándose de las causas reales de la gente.
La elección judicial cambió el método de designación de ministras y ministros, y con ello marcó un giro histórico. El anhelo: que el Poder Judicial deje de ser un reducto cerrado de élites y se convierta en una institución más abierta, plural y responsable. Una Corte que no mire con recelo al cambio social, sino que entienda que su función es acompañar el proceso democrático, garantizar los derechos y velar por la vigencia de la Constitución en beneficio de todas y todos.
Ese mandato, sin embargo, viene acompañado de importantes desafíos. El primero consiste en construir legitimidad a partir de las sentencias. La elección popular otorga un punto de partida, pero la legitimidad judicial no se consolida con votos, sino con argumentos. La nueva Corte deberá demostrar, caso por caso, que es capaz de decidir con rigor técnico, imparcialidad y transparencia, ofreciendo razones persuasivas y resolviendo conforme a hechos y pruebas, no prejuicios ni ocurrencias.
Un segundo reto es afirmar su independencia. La oposición insiste en reducirla a una consigna: independencia sería, según ellos, fallar siempre contra el gobierno. Nada más equivocado. La verdadera independencia se mide en la solidez de los razonamientos, en la calidad de las pruebas, en la capacidad de juzgar sin presiones ni complacencias. La nueva Corte debe mostrar que no será rehén de la polarización ni del cálculo político, sino un tribunal imparcial que decida en función del derecho y la justicia.
Un tercer desafío es desarrollar una jurisprudencia capaz de afianzar los derechos sociales. La vieja Corte quedó a deber en esta materia: mientras el país avanzaba en la reducción de la pobreza y la ampliación de programas sociales, el tribunal se mostró reticente a traducir esas transformaciones en derechos exigibles. La nueva integración tiene la oportunidad de llenar ese vacío: cimentar derechos como la vivienda, la salud, el trabajo, la educación y la alimentación, y consolidar así un marco constitucional de verdadera igualdad sustantiva.
El cuarto reto es construir un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. La distancia y el hermetismo han marcado la relación entre los jueces y la sociedad. Una Corte que quiera ser legítima deberá hablar en el lenguaje de la gente, explicar sus decisiones con claridad, abrirse al escrutinio público y generar canales de comunicación que hagan de la justicia un proceso transparente y comprensible.
Por último, y ante todo: ser una Suprema Corte al servicio del pueblo. Esto significa recordar que no se deben a una élite política o económica, sino a todos los mexicanos en su diversidad. Que la justicia no debe servir a una minoría que se siente ilustrada o legitimada para mandar, sino para escuchar y defender a las personas de a pie: mujeres, jóvenes, trabajadores, campesinos, pueblos originarios, personas históricamente marginadas que reclaman igualdad y dignidad.
La historia ya juzgó a la vieja Suprema Corte y su veredicto fue claro. Comienza una nueva etapa en la que no hay cabida para la indiferencia ni para la arrogancia judicial. El reto es aprovechar esta oportunidad histórica para consolidar un sistema de justicia eficaz, humano y sensible, que sea motor de igualdad y no barrera de privilegios.
Este es el nuevo capítulo que se abre en nuestra vida constitucional. Es tiempo de construir una justicia que sirva a la gente. Hago votos porque la nueva Corte esté a la altura de ese anhelo.
