El día de ayer se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, de la que me honra formar parte. La Presidenta Claudia Sheinbaum nos ha confiado una responsabilidad fundamental: repensar y actualizar las reglas e instituciones que sostienen la vida democrática del país, para que estén a la altura de los desafíos del presente.
Las elecciones no son un trámite: son el mecanismo que convierte la voluntad ciudadana en poder legítimo, define la representación de la pluralidad y regula el acceso y transmisión de la autoridad. Sin un marco confiable y actualizado, los derechos políticos se erosionan y el pacto democrático se debilita.
México vive un momento de transformación profunda. El respeto a la voluntad popular se ha vuelto un principio innegociable para garantizar derechos y libertades. El pueblo ya no admite ser engañado ni manipulado; hoy juzga, critica y participa con una determinación inédita. El pueblo es el verdadero protagonista del rumbo nacional: influye, decide y exige que su voz se traduzca en acciones concretas.
Pero nuestras leyes e instituciones electorales no han evolucionado al ritmo de esta realidad. La estructura institucional que rige nuestras elecciones fue concebida para escenarios políticos que han quedado atrás. Mantenerla inmutable en medio de un cambio social de esta magnitud sería condenarla a la irrelevancia. Si queremos que la voluntad ciudadana se cumpla sin distorsiones, debemos revisar y modernizar las reglas que la encauzan y las instituciones que la protegen.
Por ello, la Comisión Presidencial tiene como misión formular consultas, análisis y elaborar propuestas de reforma electoral. Será un ejercicio abierto, plural e incluyente, en el que tendrán voz la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos políticos nacionales y locales, comunidades indígenas, especialistas y analistas, así como mexicanas y mexicanos en el extranjero y miembros de órganos electorales administrativos y judiciales. Nadie quedará fuera: cualquier persona podrá hacer llegar sus opiniones y propuestas a través del portal oficial de la Comisión, donde se publicarán de manera íntegra.
Para cumplir su encomienda, la Comisión sostendrá audiencias públicas con especialistas y distintas organizaciones, así como eventos en distintas ciudades del país para promover la discusión del sistema electoral. Además, se realizarán encuestas de opinión que serán publicadas en octubre y servirán como insumo para que, en enero de 2026, la Comisión entregue sus conclusiones a la Presidenta de la República.
El temario que guiará estos trabajos es tan ambicioso como necesario: libertades políticas; regulación de la competencia política; libertad de difusión de ideas y opiniones; representación del pueblo; sistema de partidos; financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas; efectividad del sufragio y sistema de votación; modelo de comunicación y propaganda política; autoridades electorales administrativas; justicia electoral; requisitos de elegibilidad e inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo; democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos; entre otros.
Me complace compartir esta tarea con mujeres y hombres de gran trayectoria y compromiso, como Pablo Gómez —quien coordina la Comisión—, Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas, Pepe Merino y Jesús Ramírez. Cada uno aportará su visión y experiencia para enriquecer un proceso que exige técnica, diálogo y visión de Estado.
Nuestra meta es clara: contribuir a perfeccionar el sistema electoral para que garantice una participación ciudadana efectiva y proteja el valor de cada voto. Queremos un marco institucional que no solo administre comicios, sino que asegure que de ellos surjan gobiernos legítimos, representativos y comprometidos con el mandato popular.
La democracia no es una obra concluida: es un proyecto vivo que exige revisión constante. Con esta reforma, buscamos que México cuente con un sistema electoral sólido, inclusivo y a la altura de su tiempo, capaz de garantizar que la voz más importante —la del pueblo— siga marcando el rumbo de nuestra nación.
