Estamos justo a una semana de que se cumpla el tercer año de mandato del gobernador constitucional de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, con lo cual, además, se abre el periodo para la solicitud de revocación de mandato (del 5 de septiembre al 5 de octubre).
El proceso de revocación de mandato es un instrumento creado para que la ciudadanía decida la permanencia en el cargo o no de un gobernante.
Es importante señalar que se trata de un mecanismo de participación ciudadana. Por ello, ninguna de las autoridades del estado o de los municipios, los partidos políticos, sindicatos o cualquier otra organización del sector público, social o privado, debe impedir, obstruir o promover las actividades de recopilación de firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos. En este sentido, desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo estaremos construyendo los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar (o dar vista a las autoridades competentes, en su caso) el uso indebido de recursos públicos federales, estatales, municipales o de organismos autónomos que pudieran destinarse a la obtención de firmas.
A través de las comisiones permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización y Jurídica, se han elaborado lineamientos para garantizar el derecho de la ciudadanía y que este se ejerza libre de presiones o coacciones, asegurando que sea la voluntad ciudadana la que prevalezca al decidir, de manera libre, otorgar o no su apoyo para una eventual revocación de mandato.
Asimismo, se hará uso de las TIC mediante una aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano y verificar su autenticidad.
El periodo para solicitar el registro como persona, organización u asociación promovente será del 5 de septiembre al 5 de octubre, mientras que el plazo para recabar el apoyo ciudadano se extenderá del 5 de septiembre al 5 de diciembre.
Cabe destacar que tienen prohibido intervenir en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento de revocación de mandato y de captación de firmas de apoyo de la ciudadanía los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto federal como local, así como los ayuntamientos, los organismos autónomos, las personas físicas o morales extranjeras, los organismos internacionales de cualquier naturaleza y las personas morales, salvo las asociaciones civiles y organizaciones que sean validadas como promoventes.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar la participación ciudadana y garantizar que todo ejercicio democrático esté libre de presiones y coacciones.
