En los últimos días, el debate público se ha concentrado en quiénes pueden promover el voto en la elección del Poder Judicial de la Federación.
Conviene recordar que el INE, en cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), aprobó un acuerdo en el que se definieron los criterios para garantizar la equidad e imparcialidad durante las campañas. En dicho acuerdo se mantuvo lo dispuesto en el artículo 506 de la LEGIPE, que señala: “Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo ni manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.
Sin embargo, dicha determinación fue impugnada y, el día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo, eliminando la disposición que facultaba al INE como única autoridad para promover el voto y la participación electoral en este proceso.
¿Ahora quienes pueden promover el voto?
Con la determinación del Tribunal Electoral, ahora pueden realizar promoción genérica —sin mencionar partidos o candidaturas— los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal; los poderes estatales (únicamente en elecciones judiciales locales, considerando que en Durango y Veracruz también se celebran elecciones de ayuntamientos); los organismos públicos locales electorales (OPLES); y las personas servidoras públicas. Estas últimas pueden utilizar sus redes sociales u otros medios, siempre que no empleen recursos públicos ni realicen actos con fines proselitistas.
Esto significa que se permite promover la participación ciudadana, siempre y cuando se mantenga un enfoque imparcial y neutral. También pueden difundir información institucional, educativa o de orientación social relacionada con este proceso electoral judicial, pero sin favorecer a candidaturas específicas ni emitir propaganda personalizada, como nombres, imágenes o símbolos que identifiquen a alguna de ellas.
Asimismo, está prohibido el uso de recursos públicos para promover o favorecer alguna candidatura en particular. Es especialmente importante destacar que las personas candidatas que actualmente desempeñan un cargo público no pueden participar en propaganda institucional, y que los partidos políticos tampoco pueden llevar a cabo actividades de promoción durante este proceso.
En términos generales, si algún órgano público realiza actividades de promoción, estas deben ser genéricas, sin mencionar partidos o candidaturas. Además, el material que se difunda no debe identificar al órgano que lo emite, a fin de evitar cualquier sesgo. Esta misma restricción aplica también para las personas legisladoras.
Para la discusión:
La sesión del Tribunal Electoral, en la que se determinó la apertura para la promoción del voto en esta elección —mediante una votación cerrada— abre nuevas discusiones. Si bien es necesario fomentar, generar y ampliar la participación electoral, también debemos cuidar que, de manera deliberada o no, algunas candidaturas se vean beneficiadas por su cercanía o identificación con alguno de los poderes.
Porque, aunque no se trata de candidaturas partidistas, lo cierto es que, salvo aquellas que actualmente están en funciones, la mayoría de las personas candidatas provienen de alguno de los tres poderes.
Por ello, insisto en que se deben revisar los filtros para el registro de candidaturas, con el fin de reducir el número de aspirantes, contar con mayor información sobre ellas y considerar modelos alternativos, como el modelo electoral judicial de Hidalgo. En dicha entidad, una reforma local estableció la realización de un examen de oposición para quienes aspiren a un cargo de elección popular dentro del Poder Judicial.
Desde este espacio seguiré insistiendo en la importancia de participar y en que la ciudadanía no se aleje de las urnas. Este es el momento de ejercer nuestros derechos políticos: no podemos dejar en unas cuantas manos la decisión de quiénes integrarán uno de los poderes del Estado. Todos los poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— son igualmente importantes.
