Ya se ha formalizado la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de llevar a cabo los trabajos de una futura reforma en la materia. A su vez, diversos partidos han manifestado que también conformarán sus respectivas comisiones para dar seguimiento a la confección del nuevo marco electoral. Si bien no existe aún un borrador oficial, en la agenda de la reforma figuran diversos planteamientos que, seguramente, serán objeto de debate y diálogo. Justamente el diálogo y la apertura a las distintas voces y opiniones deberán ser la principal virtud y característica que marque esta futura reforma electoral.
Como bien lo menciona Dieter Nohlen: “Los sistemas electorales, aun cuando se inspiran en modelos, reflejan las situaciones de poder político en el momento de su elaboración”, pero no debemos olvidar que “sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia”.
Por ello, considero que el objetivo final de la reforma electoral debe ser construir un sistema que garantice los derechos políticos de la ciudadanía para elegir, libre e informadamente, a quienes habrán de gobernarnos y/o representarnos. Esto debe lograrse mediante un mecanismo que permita dirimir pacíficamente las diferencias políticas, convirtiendo los votos en espacios de gobierno y representación, buscando la proporcionalidad para que las distintas voces y preferencias estén debidamente representadas en los órganos legislativos, incluidos los cabildos.
En los próximos meses se hablará ampliamente de la reforma electoral, y es importante que, como ciudadanía, estemos informados, ya que toda sociedad es la que confecciona sus reglas electorales. Esto implica considerar las diversas posturas y posiciones políticas e ideológicas: tanto de quienes detentan el poder, como de quienes buscan acceder a él, así como de quienes se encuentran fuera de este.
Por tal motivo, considero que los trabajos para la conformación de la reforma electoral no deben realizarse con precipitación. Al contrario, debe darse el tiempo necesario para recibir y analizar las diversas propuestas.
Es indispensable tomar en cuenta la voz y opinión de la ciudadanía, sobre todo en los temas más sensibles que históricamente han generado pronunciamientos, particularmente el uso de los recursos públicos.
También es fundamental retomar las aportaciones de las personas expertas en materia político-electoral, con visiones claras y objetivas; así como las propuestas de los partidos políticos y de los diversos grupos legislativos.
Pero, sin duda, debe escucharse la voz y la experiencia de quienes han organizado los procesos electorales. Me refiero a la parte técnico-operativa, pues cualquier cambio o modificación a las reglas del juego puede tener un impacto en la organización de una elección. Por ello, es clave la opinión de los organismos electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Estoy convencido de que, al incorporar la voz y la opinión de los diferentes sectores, actores políticos y organismos electorales, se podrá contar con una reforma que otorgue legitimidad a quienes resulten ganadores en una contienda electoral y, sobre todo, fortalezca el sistema político.
Una reforma construida con amplios consensos redituará en legitimidad para la Presidencia de la República, como ha ocurrido en otros momentos históricos, por ejemplo, con la gran reforma político-electoral de 1977 y la de 1996, cuyos cambios, ajustes y propuestas, en gran parte, siguen vigentes y han sido pilares de nuestro sistema electoral.
