En medio de la discusión sobre una reforma político-electoral, también será necesario abordar lo relacionado con la elección judicial, tanto en el ámbito federal como en la respectiva armonización en las entidades federativas. Es indispensable dotar de certeza a algunas etapas del proceso, como el cumplimiento de los requisitos de las candidaturas, y evitar que, una vez concluida la elección, se tenga que revisar si cumplen o no con dichos requisitos legales (recordemos que hubo una impugnación derivada de candidaturas electas al poder judicial que no tenían el promedio mínimo de calificación en sus estudios).
En días recientes se llevó a cabo un foro nacional entre Consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), donde se realizó una importante retroalimentación sobre los retos y experiencias vividos en las 19 entidades que tuvieron elección judicial. Esto cobra relevancia si se considera que en trece entidades, incluyendo Hidalgo, habrá elecciones de todo el poder judicial local en 2027, de manera concurrente con ayuntamientos y diputaciones locales (y federales), además de la otra mitad del poder judicial federal. Cabe recordar que, ante algunas omisiones legislativas, los OPLE emitieron lineamientos y acuerdos para garantizar la realización de las elecciones de personas juzgadoras, lo cual representó un gran reto y refleja la importancia de contar con instituciones profesionalizadas en materia electoral.
Entre los retos y propuestas se encuentran la armonización de criterios en los comités de evaluación (recordando que existe un comité por cada poder), incluyendo las etapas de requisitos, entrevistas e insaculación.
En este sentido, destaco el modelo Hidalgo, en el cual, de acuerdo con la reforma electoral judicial local, se estableció un examen de oposición como evaluación determinante.
Asimismo, debe considerarse el número de candidaturas por cargo (actualmente son tres candidaturas por poder y por cargo, es decir, hasta nueve candidaturas para un solo puesto a elegir). Reducir el número de candidaturas favorecería el voto razonado.
