Estoy convencido del fortalecimiento de la democracia municipal, sobre todo en un país cuya forma de Estado es la de una República democrática, representativa y federal, donde el ayuntamiento no solo es la base del pacto federal, sino que da vida al nacimiento del Estado mexicano.
Siendo las elecciones libres la vía para elegir a quienes nos habrán de gobernar o representar, es necesario contar con un sistema electoral que permita que, en los espacios de representación popular, es decir, en los poderes legislativos, haya proporcionalidad entre los votos que recibe un partido político y la representación que tendrá en la Cámara de Diputados (y, en su caso, en el Senado). El objetivo es favorecer que las diversas voces, valores y agendas de la sociedad estén representadas, alcanzando sanos equilibrios y evitando que una sola voz o un solo grupo social, político o ideológico, carezca de los contrapesos necesarios que un debate público en una democracia debe tener.
México tiene un sistema en el cual quienes integran los poderes legislativos pueden llegar a través del mismo método (elecciones libres), pero con diferentes formas de representación: por un lado, la mayoría relativa, y por otro, la representación proporcional. De esta manera se han integrado los diferentes congresos, al menos desde la reforma electoral de 1977.
Sin embargo, en el ámbito municipal esto no ha ocurrido, ya que se mantiene un sistema electoral subnacional que garantiza una cláusula de gobernabilidad. Esto implica que el partido, candidatura común, coalición o candidatura independiente que gane una elección de ayuntamiento lo haga a través de una planilla, que está integrada por una presidencia municipal, una sindicatura y un número diverso de regidurías, las cuales forman parte del cabildo, que tiene funciones colegiadas para tomar decisiones que impactan la vida interna de cada municipio.
No obstante, el acceso a las regidurías no es proporcional al porcentaje de votación, ya que la planilla ganadora tiene asegurada una mayoría absoluta (más del 50+1 de los espacios) en el cabildo, aunque su representación electoral sea mucho menor.
Por ello, es importante abrir a debate la necesidad de reformar el sistema político subnacional, para construir un nuevo modelo de elección municipal, en el que la ciudadanía pueda votar directamente por las regidurías, las cuales tomarían decisiones a nombre de la ciudadanía, aunque no sean electos de manera directa.
De esta manera, se podría contar con cabildos más equilibrados, con los contrapesos necesarios en un orden de gobierno que enfrenta diversas carencias y necesidades, que requieren de una atención conjunta entre gobierno y sociedad.
Candidaturas sin apodos
Recientemente, el Consejo General del INE aprobó la improcedencia de incluir sobrenombres (apodos) en las boletas de candidaturas para la elección del poder judicial, lo cual es un gran acierto, porque se debe privilegiar el principio de equidad. Hubo personas que buscaban posicionarse simplemente utilizando frases cercanas a ciertos personajes o movimientos políticos, con lo que, de manera ventajosa (no por méritos), querían ser reconocidas y destacarse frente al resto de los contendientes, rompiendo los principios de equidad e imparcialidad, que son insustituibles en una contienda electoral democrática.
Además, la “ingeniosidad” de quienes lo solicitaron olvida que, ya de por sí, la elección es compleja, y no tomaron en cuenta que la inclusión de sobrenombres en la boleta implicaría un ajuste en el tamaño de la letra, lo que dificultaría su lectura y, en consecuencia, el ejercicio del voto. Por ello, se negó la incorporación para proteger el principio de equidad.
